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Los alcaldes de Escazú, Santa Ana, Carrillo, Liberia, Santa Cruz y Nandayure insistieron este lunes en que la restricción vehicular sanitaria está suspendida y llamaron a los usuarios a apelar los partes que les realicen por esa situación.

El alcalde de Escazú Arnoldo Barahona, quien actuó en representación de los demás jerarcas, insistió en que la declaración del Gobierno de que la medida sigue en pie es una clara desobediencia a la orden del juez contencioso, que el viernes ordenó la suspensión inmediata.

“Seguir aplicando la restricción es un acto indignante y prepotente, es el peor mensaje que le puede mandar el Ejecutivo a los ciudadanos. ¿Con qué capacidad moral le pide el Gobierno a los ciudadanos no manifestarse en las calles o cumplir con las obligaciones tributarias después de semejante falta de respeto al orden jurídico de este país?”, dijo Barahona.

El abogado de los alcaldes, José Pablo Badilla, afirmó que aquellos choferes que sean detenidos y multados por irrespetar la restricción deben impugnar el parte y advertirle al oficial que está incurriendo en una desobediencia “porque la orden de aplicar las multas no es legítima”.

Barahona, además, adelantó que entre hoy y mañana presentarán una demanda contra el Estado para impugnar todos los decretos relacionados a la restricción sanitaria y además el de la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, porque ese “es el parangón con el que el Poder Ejecutivo ha venido violentando todas las libertades fundamentales que han sido transgredidas con motivo de la pandemia”.

Esa demanda, según dijeron, estaría respaldada por “el 40% o 50% de los alcaldes del país”.

Barahona también hizo un llamado a los dirigentes de los demás gobiernos locales a “no tener miedo” y defender los derechos de los ciudadanos.

“Esto no es un acto de rebeldía, es que nosotros juramos defender las leyes de la República y a la Patria, a partir de ahí es que planteamos este reclamo. Que no sientan pena ni miedo los alcaldes por defender a sus ciudadanos”, finalizó.

El viernes el Ejecutivo aseguró que la Procuraduría General apeló la resolución del juez y por lo tanto la restricción sigue vigente, algo que el órgano ha respaldado.