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El que un costarricense no tenga la oportunidad de realizarse una fertilización in vitro, podría costarle al Estado cerca de 6 millones de dólares.

Al menos esa es la cifra que hoy en día suman las 71 indemnizaciones que igual número de parejas buscarán en los Tribunales de Justicia.

Hablamos de personas que se practicaron una fecundación fuera del país, otros que por su edad ya no pueden utilizar la técnica o incluso aquellos que están en edad fértil pero no pueden pagar el tratamiento fuera de Costa Rica.

Las demandas son consecuencia de que el país no ha hecho caso a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de poner en la práctica el in vitro en nuestro país.

Un total de 336 mociones en el Congreso bloquean el proyecto que haría una realidad la técnica en suelo tico.

Aunque se acudirá a los tribunales costarricenses, el abogado representante de parejas, Borins Molina, descarta que la lucha en la Corte Interamericana esté finalizada.

En marzo del año 2000, la Sala Constitucional se trajo abajo el reglamento que regulaba la fertilización in vitro.

Tras más de 10 años de audiencias, testimonios y deliberaciones, el organismo internacional le ordenó al país reinstalar la práctica de la fertilización en vitro.

A casi dos años y medio de aquella orden, el proyecto que reglamentará la técnica no avanza en la Asamblea Legislativa.