A un año de “Cochinilla”, ¿qué aprendimos del escándalo?

Un año después del estallido del escándalo “Cochinilla”, todo parece apuntar a que Costa Rica no estaba, ni está, preparada para perseguir casos de corrupción de estas dimensiones.

Un Código Procesal Penal desfasado y un Poder Judicial reducido para manejar causas tan complejas, son parte de las conclusiones a las que llegan expertos en materia jurídica; al tiempo que una investigación legislativa apunta, además, a que sin las reformas necesarias, la sombra de la corrupción seguirá presente en la institucionalidad tica.

Igual de importante es que desde el análisis técnico, la evidencia señala que los controles y la fiscalización de las autoridades en los proyectos de obra pública vial es cuando menos endeble, permitiendo deterioros prematuros que el Estado parece haberse acostumbrado a pagar.

Pero más importante aún, es que el escándalo “Cochinilla” deja en el aire una inquietud que, a todas luces, se analiza catastrófica: ¿qué pasa si el caso no termina en nada?  

Ni pronta ni cumplida, ni tampoco preparada

“Una de las primeras enseñanzas (del escándalo) es que el Derecho Penal es una herramienta limitada para combatir la corrupción. El Derecho Penal siempre llega tarde, llega cuando se ha cometido el acto de corrupción. Entonces es una respuesta a un acto ya concretado.

“En principio nos parece que hay que atacar los temas estructurales. El tema de transparentar la función pública, el tema de fortalecer la libertad de prensa, el tema de permitir que la ciudadanía esté constantemente auditando el quehacer de los funcionarios públicos y de los que negocian con la función pública o con el Gobierno como tal, en sus diferentes manifestaciones”, sentencia Róger Guevara, experto en derecho internacional.

Para él, los aprendizajes del caso son variados, pero no necesariamente alentadores: “Cochinilla” refuerza la necesidad de tener un Ministerio Público técnico, independiente y responsable; la urgencia de una fuerte inversión en equipo, personal y demás herramientas indispensables para perseguir el delito y, finalmente, la necesidad de legislar de manera responsable.

Ese último punto ha sido objeto de amplio debate en el caso, con la defensa argumentado que los diferentes “parches” que ha tenido la Ley Contra la Delincuencia Organizada, han provocado la derogatoria de artículos cruciales en el sustento de la investigación penal; por ejemplo, los escenarios en los que la Fiscalía puede o no solicitar la declaratoria de crimen organizado, necesaria para la validación de las escuchas telefónicas en que, en buena medida, se sustenta la investigación.

“El tema de la derogatoria de artículos puede ser objeto de discusión, pero lo cierto del caso es que si esa declaratoria de procedimiento especial se dio cuando ya la norma estaba formalmente derogada, podría asestarle un golpe mortal al proceso como tal, porque todo lo actuado perdería validez y habría que declarar la nulidad. Tengo la impresión de que aún el Poder Legislativo y el Judicial no se han percatado de lo serio que es esto, no solo para este caso, sino para otros de delincuencia organizada”, explicó el penalista Erick Gatgens, defensor de Mélida Solís.

Para Gatgens, el proceso ha revelado errores que minan el caso, por ejemplo, en la autorización de esas intervenciones telefónicas por fiscales subrogantes en lugar de la entonces fiscala general Emilia Navas, inhibida por ser su esposo un defensor en la causa.

“El país no cuenta con las herramientas legales para investigaciones tan complejas, empecemos por la cantidad de imputados involucrados en este asunto, más de 80, son procesos multitudinarios que definitivamente ponen en jaque al sistema porque el proceso penal costarricense no está en condiciones de hacerle frente a esta situación con tantos participantes.

“Eso le genera al estado penal costarricense un estrés que desemboca en errores que o atrasan el proceso o lo hacen interminable o, eventualmente también, provocando errores que terminan generando la nulidad del proceso como tal y cerrándolo de manera definitiva”, finalizó.

Reformas urgentes pero inciertas

Durante nueve meses, una comisión legislativa del pasado Congreso analizó el escándalo "Cochinilla" desde un "espíritu preventivo".

Con la maquinaria judicial avanzando, los diputados acordaron enfocar sus esfuerzos en detectar e intentar cerrar los portillos que le habrían permitido a la corrupción penetrar el MOPT y sus órganos.

En ese sentido, la comisión rindió un extenso informe en el que, además de pedir la cabeza del exministro Rodolfo Méndez Mata y la inhabilitación de la función pública para él y otros jerarcas, urgió llevar a cabo reformas importantes en la Ley Anticorrupción y la de Contratación Administrativa, así como eliminar la junta directiva de Conavi, cambiar la forma en que se realizan las auditorías en el MOPT y en ese consejo, y hacer vinculantes los informes del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR. (Lanamme – UCR).

“El escándalo Cochinilla puso al descubierto una red de corrupción enquistada en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y que se vino gestando desde varios gobiernos atrás. Nos enseña la magnitud de la corrupción en entidades como el MOPT y Conavi.

“Por otra parte, creo que hay una reflexión importante en el sentido de que reformas que se hicieron en el país en los a finales de los años 90 facilitaron y abrieron las puertas para que se generara esa corrupción. La creación misma del Conavi como tal y de otros concejos como el CTP también donde hay situaciones iguales o peores a Cochinilla es facilitó y favoreció esa corrupción porque debilitó la rectoría del MOPT, debilitó las auditorías, debilitó la capacidad de fiscalizar las obras”, puntualizó José María Villalta, posiblemente la voz más aguda en ese órgano legislativo.

Tanto él, como el exdiputado del PUSC y presidente del órgano, Pablo Heriberto Abarca, insistieron en que el informe legislativo traza una ruta de acción inmediata que hoy le corresponde al Poder Ejecutivo y la actual Asamblea seguir.

“Lo vital es que la Asamblea Legislativa tome las medidas necesarias para hacerlos cambios en Conavi y en el MOPT. Esa discusión arranca incentivada por la propuesta del nuevo gobierno pero no puede terminar ahí, es un inicio.

“El informe tiene una serie de proyectos de ley que permitirían mejoras importantes y otros nuevos a partir de conclusiones a tomar, eso puede tomar tiempo, pero no es solo esperar la resolución judicial, es hacer cambios ya”, dijo Abarca.

A lo largo de la investigación, también se cuestionó la productividad que se le reconoció a la pasada administración luego de los casos “Cochinilla” y “Diamante”, precisamente por ese imaginario que existe en la ciudadanía de que es la corrupción el combustible que acelera los procesos en Costa Rica.

“Ciertamente a este gobierno le tocó terminar proyectos que estaban encaminados y que fueron iniciados muchos años atrás y que se concluyeron en este gobierno. Pero nosotros no podemos aceptar que para hacer obra en Costa Rica haya que paga sobornos, o que esté bien pagar sobornos y pagar sobreprecios para que la obra se haga.

“Y también hay que señalar que muchas veces esos proyectos entraban precisamente porque existe esa red de corrupción. Entonces creo que es un espejismo o un error creer o siquiera insinuar que la corrupción es parte de la solución, cuando más bien es una de las causas del problema. Hay que combatir ese imaginario, ese discurso que de alguna manera busca relativizar la gravedad de la corrupción, alegando que es la única forma de hacer obras en Costa Rica. Yo por lo menos me rebelo contra ese discurso”, sentenció Villalta.

Falencias sistemáticas

Durante el desarrollo mediático del caso, una de las voces que más se escuchó fue la del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR (Lanamme – UCR), que defendió con insistencia cómo desde hace años se venían advirtiendo fallas recurrentes en los proyectos de obra pública vial, “falencias sistemáticas” que recogió en su expediente el escándalo “Cochinilla”.

Por ejemplo, Lanamme señaló que la mezcla asfáltica utilizada en el recién concluido proyecto de las Garantías Sociales no cumplió con la calidad acordada, y que ese hecho condenará a la obra a presentar deterioros en cinco o seis años, mucho antes de las previsiones acordadas (al menos 15).

“En los contratos vienen las reglas del juego claras, la calidad de cada material y muchas veces esa calidad no se cumple y aun así la administración los acepta, acepta materiales de menor calidad o sin las especificaciones acordadas. Esto genera que el proyecto dure menos de lo esperado”, reconoció Wendy Sequeira, coordinadora de la Unidad de Auditoría Técnica del laboratorio.

Esas falencias incluyen también malas prácticas constructivas que sorprenden al laboratorio, como por ejemplo colocar mezcla asfáltica bajo la lluvia o llevar adelante trabajos sin inspección o con escasa vigilancia, todos evidentes incumplimientos en contratos claramente definidos que las administraciones parecen haber decidido obviar.

Sequeira afirmó que el caso “Cochinilla” sorprendió al Lanamme no por lo denunciado, sino por sus alcances y magnitud; sin embargo, reconoce con pesar que eso que hoy se investiga sigue pasando en otros proyectos a vista y paciencia de las autoridades.

La actual administración del MOPT, encabezada por el ministro Luis Amador, ya adelantó que plantea convertir al laboratorio en un brazo técnico del ministerio, incluyendo la posibilidad que recomendaron los anteriores diputados de hacer vinculantes sus informes, pues en la actualidad sus señalamientos se quedan en advertencias.

¿Qué pasa si no pasa nada?

El proceso judicial será el único que pueda sentar responsabilidades penales en el escándalo. Esa maquinaria, sin embargo, avanza a muy bajas revoluciones.

Los expertos aseguran que, ante la magnitud del caso, la etapa intermedia podría tardar en llegar hasta cinco años, este es el proceso antes de un eventual juicio que arroje una incierta sentencia.

Mientras tanto, el riesgo de que el proceso se consuma en la vorágine de papeleo y burocracia preocupa a los que siguen su desenlace con interés, un destino que ya se teme para otros casos como el cementazo o la trocha fronteriza.

“La bola está en el aire, perfectamente podría pasar que el caso Cochinilla quede en nada y que dentro de un par de años estemos lamentando casos de corrupción iguales o peores. Pero también podríamos aprovechar esta oportunidad que se ha abierto para atacar esa corrupción de raíz más allá de lo que pase en los procesos judiciales.

“Pero sería catastrófico para la institucionalidad de este país que el caso no termine en nada, dar el mensaje de que no se puede hacer nada con la corrupción, que la corrupción es necesaria y que entonces el mensaje a la gente sería ‘¿si los de arriba roban, porque yo no voy a robar?. Simplemente, sería abonar a la fractura de la de la institucionalidad de este país y un deterioro muy grande de las de las condiciones de convivencia en un Estado democrático”, sentenció Villalta.