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Las tasas máximas de interés que rigen a partir de este viernes para todos los créditos y microcréditos del país no beneficiarán de igual forma a todos los usuarios.

La razón es que los efectos retroactivos de la ley, cuestionados durante la discusión del proyecto, no aplicarán de la misma forma para préstamos que para líneas de crédito, como por ejemplo las tarjetas de crédito.

El Banco Central fijó hoy en 37,69% el tope máximo de interés para créditos en colones y 30,36% en dólares. Los créditos en otras monedas pagarán un máximo de 7,44%.

En el caso de los microcréditos (montos por debajo de ₡675 mil), estos pagarán una tasa máxima de 53,18% en colones y 42,99% en dólares.

¿Pero qué pasa con los créditos firmados antes de la reforma?

“Es un tema que se las trae. En la discusión del proyecto se definió que las deudas ya contraídas en tarjetas de crédito tendrían que pagarse a las tasas acordadas, pero todo lo que se compre a partir de hoy tiene que ser por debajo de ese tope.

“Ahora, eso aplica para las líneas de crédito, en préstamos sí tendría que aplicarse esa retroactividad porque si no estaríamos hablando de un delito y es ahí donde esas discusiones podrían terminar en el plano judicial”, explicó Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero.

En la óptica de Montero, cualquier préstamo que se haya hecho a una tasa anual superior al 37,69%, en el caso de colones, o 30,36% en dólares debería ajustarse a pesar de que exista un contrato privado previo.

Eso aplicaría también para la venta de bienes, por ejemplo un electrodoméstico o un vehículo.

Esa tesis es compartida por el diputado del PAC Welmer Ramos, proponente y defensor de la iniciativa y quien aseguró que el espíritu de la reforma siempre fue ese, que la ley aplique para todos los créditos sin distinción.

“Aquí estamos hablando de un delito, usted no puede tipificar y sancionar una conducta pero no aplicarla para todos.

“Es como haber dicho que la esclavitud estaba prohibida pero solo a partir de su abolición y no a los demás, aquí estamos hablando curiosamente de la esclavitud financiera y el principio es el mismo”, dijo el legislador.

Otros, como el economista Daniel Suchar, aseguran que los efectos de la ley aplicarían solo para aquellos que así lo demanden y no sobre los contratos ya firmados.

Bajo esa visión, por ejemplo, los tarjetahabientes deberían acercarse a las entidades financieras para renegociar sus contratos y obligaciones.

Así, una decisión como la tomada por el BAC el día de ayer, de suprimir 187.526 tarjetas de crédito y cancelará las cuentas de 79.789 clientes, para Suchar es nada más adelantarse a una decisión futura de clientes a los que eventualmente no irían a renovar.

Esa interpretación de la reforma también la apoyaron los diputados que la adversaron, aduciendo que sus efectos no eliminarían por completo el problema de la usura y acabarían alimentando los préstamos informales, que al estar al margen de la legalidad mantendrán los cobros excesivos.