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El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) ha interceptado a 71 personas por ingresar de manera ilegal al Parque Nacional Volcán Arenal durante este año.

Los ingresos son realizados por supuestos guías, quienes cobran una suma de dinero para llevarlos hasta la cima en una caminata que dura alrededor de cinco horas.

“A la fecha hemos logrado notificar a 71 personas por ingreso ilegal; sin embargo, tenemos información de que entra mucha gente. Por suerte este año no hemos atendido ningún accidente por este tipo de caminatas ilícitas, pero sí tenemos registrado que en el 2018 atendimos varias emergencias de gente perdida y hasta hubo un muerto”, dijo Cristina Méndez Esquivel, administradora del Parque Nacional Volcán Arenal.

Solo el fin de semana anterior, personal del SINAC detectó a siete personas. En el operativo también participaron la Policía Turística, la Fuerza Pública, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y tuvo coordinación previa con la Fiscalía, por si era necesario un trámite por flagrancia.

“Perseguimos una publicación de Instagram donde se invitaba a la gente a sumarse a un tour guiado para el sábado 28 de noviembre. Se logró interceptar a eso de las 2 a. m. a un grupo de siete personas que iban con un supuesto guía a la cima del volcán, corriendo riesgos y, además, son personas que no tienen póliza ni condición física para hacer la ruta”, comentó Méndez.

Ese día, las autoridades encontraron personas menores de edad y extranjeros. Se les notificó y se les previno: si son encontrados en el Parque Nacional o cualquier otra zona protegida, administrada por el SINAC, podrían tener penas de seis meses y hasta seis años de cárcel según el Código Penal por el delito de desobediencia a la autoridad.

“De detectarse a alguien en una segunda ocasión dentro de alguna área prohibida para la visitación será detenida en el acto y puesto a las órdenes del Ministerio Público. Estos operativos los realizamos periódicamente en todas las áreas silvestres del país”, agregó.

El SINAC cuenta con una base de datos de personas notificadas. La información es de acceso para todos los funcionarios con el fin de que las reincidencias sean más fáciles de detectar.