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Este miércoles se dio a conocer que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a 9 años y 6 meses de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.

La condena dictada en Curitiba se da en uno de los casos que involucran a políticos brasileños del más alto nivel.

El actual presidente del país sudamericano, Michel Temer, también se ha visto involucrado en denuncias contra él.

A finales del mes anterior el caso del mandatario llegó a la Cámara de Diputados, dando inicio a un proceso que podría destituirlo, en un nuevo capítulo de una interminable crisis.

En poco más de un año, el mandatario conservador debió sortear un proceso en la justicia electoral y perdió a seis miembros de su gabinete salpicados por el megafraude a la estatal Petrobras.

Este lunes un informe parlamentario recomendó encaminar a la corte suprema de Brasil la denuncia de corrupción que podría acabar con el mandato del presidente por considerar que las sospechas se basan en "indicios serios y suficientes".

"Tiene que haber una investigación de los hechos bajo sospecha", dijo el diputado Sérgio Zveiter al recomendar a la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) de la Cámara pronunciarse a favor de la investigación de las denuncias formuladas por la Fiscalía General.

El parecer de Zveiter debe ser sometido, en principio esta semana, al voto de los 66 miembros de la CCJ. Pero, independientemente del resultado, corresponderá al plenario de la Cámara de Diputados decidir si el caso debe ser transmitido al Supremo Tribunal Federal (STF), única instancia capaz de abrir un juicio contra Temer.

Si ello finalmente ocurre, el mandatario sería apartado del cargo por un máximo de 180 días, abriendo una nueva crisis poco más de un año después de la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff.

Temer fue acusado de recibir un soborno de 500.000 reales (150.000 dólares) de JBS, la mayor procesadora de carne del mundo, a través de un asesor al que la policía fotografió recibiendo una maleta con ese dinero antes de detenerlo.

La Fiscalía afirma que ese monto estaba destinado al presidente, que lo ha negado categóricamente.

Temer se ha mostrado confiado en tener una mayoría suficiente para archivar el caso en el Plenario, dado que la aprobación de su tramitación a la corte suprema debe ser aprobada por dos tercios de los escaños (342 de los 513 diputados).

Dilma Rousseff y el ‘impeachment’

La exmandataria Rousseff fue destituida por el Senado el pasado 31 de agosto con 61 votos a favor y 20 en contra, sin abstenciones.

Rousseff, en el poder desde el 1 de enero de 2011, fue suspendida en mayo del año anterior para ser juzgada por maquillaje de las cuentas públicas para asegurar su reelección en 2014 y continuar con esa práctica al año siguiente.

Agobiada por una crisis económica, desconectada del Congreso y con su gobierno golpeado por acusaciones de corrupción, Rousseff tambaleó desde el inicio de su segundo mandato en 2015 y cayó cuando aún le quedaban dos años y cuatro meses de gestión.

Rousseff es la segunda presidenta destituida desde el regreso de la democracia a Brasil en 1985. Fernando Collor de Mello fue sometido a juicio político, pero renunció antes de que finalizara.