ONG denuncia impunidad en asesinato de monseñor Romero en El Salvador
"Nuestra exigencia a 41 años (del crimen), es que cese la impunidad , que se investigue el caso", declaró el abogado Alejandro Díaz.
El asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, cometido por un escuadrón de la muerte hace 41 años en El Salvador, sigue sin ser castigado, denunció el lunes un organismo humanitario que cuestionó la lentitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
"Nuestra exigencia a 41 años (del crimen), es que cese la impunidad , que se investigue el caso", declaró en rueda de prensa el abogado Alejandro Díaz, de la oficina de la asociación de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández.
Tutela Legal solicitó la reapertura del caso en marzo de 2017, luego de la derogatoria de una ley de amnistía que encubrió a los responsables de crímenes durante la guerra civil (1980-1992).
En 2019, esta entidad presentó un listado de presuntos involucrados. Pero, según Díaz, el caso se quedó estancado solo con el capitán en retiro Álvaro Saravia, considerado como el único imputado.
El militar es buscado por Interpol desde el 23 de octubre de 2018, sin éxito.
Saravia, un lugarteniente del principal implicado, el ya fallecido mayor Roberto D'Aubuisson, confesó años atrás al periódico digital El Faro la manera en que se planificó y ejecutó el asesinato de Romero.
"Consideramos que hay obstáculos muy graves para que el caso avance, principalmente en la lentitud de la Fiscalía General de la República y de otras instituciones para procesar (...) y sancionar a los autores intelectuales y materiales en este caso", denunció Díaz.
Tras cuatro años de la reapertura del expediente, la Fiscalía debería de tener "un equipo de fiscales de Derechos Humanos" viendo el tema, explicó por su parte, Ovidio Mauricio González, otro de los abogados de Tutela Legal.
Monseñor Romero fue abatido por un tirador el 24 de marzo de 1980, de un disparo en el corazón, mientras oficiaba misa en la capilla del hospital de enfermos de cáncer La Divina Providencia, en el noroeste de San Salvador.
En 1993, una Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas señaló como autor intelectual del crimen al mayor del ejército Roberto D'Aubuisson, ya fallecido, fundador de la entonces gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha).
El asesinato encendió una guerra civil que en doce años dejó 75.000 muertos, más de 7.000 desaparecidos y millonarias pérdidas económicas.
El papa Francisco canonizó a Romero el 14 de octubre de 2018, y lo destacó como un férreo defensor de los derechos humanos y un ejemplo de la iglesia cercana a los pobres.