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Dirigentes políticos y gremiales de Nicaragua rechazaron este miércoles un proyecto de ley del gobernante Frente Sandinista para declarar como agentes extranjeros a activistas y periodistas, al que calificaron de aberrante, peligroso y oscuro para la democracia.

La iniciativa, que podría afectar la actividad de organismos no gubernamentales y medios de comunicación internacionales presentes en el país, propone que debe registrarse como agente extranjero cualquier persona natural o jurídica que reciba fondos o responda a gobiernos o entidades extranjeras.

Quienes sean catalogados como "agentes extranjeros" deberán "abstenerse (…) de intervenir en cuestiones o temas de política interna", añade el texto. 

El documento del oficialismo, que es mayoría en el parlamento, también incluye en esta categoría a quienes trabajen como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos.

La autoridad competente podrá, según el proyecto, intervenir fondos, bienes muebles e inmuebles de quienes se nieguen a cumplir con el registro de agente extranjero.

"Este es un mensaje peligrosísimo para el sistema democrático y pretende ahogar a oenegés, periodistas y a todo el que no le rinda pletesia a este gobierno, es tratar de acallarnos", dijo a la AFP el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) Pablo Cuevas.

El gobierno "no tolera voces discordantes" y apunta a "profundizar la persecución a quienes no se le someten", advirtió el activista.

"Es un mecanismo más de represión" contra opositores y periodistas a los que el gobierno de Daniel Ortega considere que "le están haciendo sombra" en su intento de controlar todo en el país, dijo a su vez a la AFP el politólogo José Peraza.

-"Oscuro" y "tenebroso"-

El bloque opositor Coalición Nacional, que agrupa a partidos y agrupaciones cívicas, calificó al proyecto de "oscuro" y "tenebroso" y sostuvo que pretende criminalizar a todos aquellos que se opongan al gobierno, "despojándolos de sus derechos de protesta y reclamos sociales".

"Alentamos al pueblo a rechazar, resistir y denunciar todos estos atropellos que, de ninguna manera, podrán detener nuestro proceso de búsqueda de democracia, justicia y libertad en Nicaragua", proclamó.

El director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), Juan Sebastián Chamorro, consideró por su lado en Twitter que la ley es "aberrante" y confiscatoria".

La escritora Gioconda Belli dijo en la misma red social que la iniciativa del gobierno "es inconstitucional y cercena derechos a los nicaragüenses, arrogándose la potestad de llamarlos 'agentes extranjeros', nombre que encierra de hecho una negación de ciudadanía". 

"Es un instrumento para quitar personería a partidos políticos, impedir candidaturas" con miras a los comicios del próximo año, agregó la autora de "El país bajo mi piel".

El proyecto de ley surge después que el gobierno anunciara reformas al código penal para castigar con cadena perpetua a los autores de crímenes contra menores y también de crímenes de odio, como los que -según afirma- se cometieron durante las protestas opositoras de 2018.

En poco más de un año se celebrarán en Nicaragua elecciones presidenciales y legislativas.

El presidente Ortega, de 74 años, gobierna el país desde 2007 y su administración es acusada por por sus adversarios de corrupción y nepotismo.