Militares y policías asumen control de cárceles en Honduras

Militares y policías comenzaron a asumir la seguridad de las cárceles de Honduras, informó este lunes una alta fuente militar, después de una balacera entre presos que dejó tres muertos en un sistema carcelario superpoblado y gobernado por los propios reclusos.

"Hemos recibido instrucciones del presidente (Porfirio Lobo) de actuar de forma inmediata", dijo a Radio Globo el Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general René Osorio y agregó: "Desde el sábado estamos en los centros penales".

Hasta entonces la seguridad en las cárceles era responsabilidad del servicio penitenciario.
El general Osorio anunció que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, integrado el presidente Lobo, los ministros de Defensa y de Seguridad y otras autoridades, se reunirá este lunes con los directores de los centros penales para definir un "plan estratégico" de seguridad en las cárceles.

En la reunión "se van a tomar medidas drásticas" para "evitar la muerte de privados de libertad y evitar la corrupción en los centros penales" porque "el pueblo hondureño sabe que desde allí se gestan operaciones del crimen organizado", añadió el militar.

La mañana del sábado tres miembros de la Mara 18 (M-18) fallecieron y otros seis reos resultaron heridos, a los que se sumaron algunos con lesiones leves, en un enfrentamiento entre pandillas en la Penitenciaría Nacional de Támara, 20 km al norte de Tegucigalpa.

El director de prisiones, Simeón Flores, reconoció que en el enfrentamiento en la cárcel los reclusos utilizaron fusiles de asalto AK-47 y al menos tres granadas.

La víspera, el viernes, la relatoría de los privados de libertad de la CIDH había entregado a Lobo un informe según el cual el principal problema de las cárceles de Honduras es el autogobierno cedido a los reclusos y justificado por las autoridades en la falta de personal.

El informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras subraya que ese autogobierno deriva en toda clase de abusos y extorsiones internas y permite además que desde la cárcel se planifiquen secuestros y otros crímenes.

El documento enumera una sobrepoblación superior al 40% en los 24 centros penales donde hay 12.300 reos en condiciones deplorables de higiene y salubridad, falta de asistencia médica, de provisión adecuada de alimentos y agua potable, y la ausencia de separación de reclusos por categorías de delitos.

El informe de la CIDH fue elaborado por una misión de siete expertos que visitó Honduras del 23 al 27 de abril de 2012, dos meses después de una de las mayores tragedias carcelarias del mundo: el incendio del penal de Comayagua (70 km al norte de Tegucigalpa), en el que murieron 362 reclusos.

Militares y policías comenzaron a asumir la seguridad de las cárceles de Honduras, informó este lunes una alta fuente militar, después de una balacera entre presos que dejó tres muertos en un sistema carcelario superpoblado y gobernado por los propios reclusos.