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Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron a más de 42.000 personas desde marzo por infringir el toque de queda impuesto para contener la pandemia del nuevo coronavirus, informó este jueves el Ministerio del Interior, al levantar la medida.

El toque de queda, aplicado principalmente de la noche a la mañana del día siguiente, y en algunos casos durante 24 horas, quedó sin efecto la madrugada de este jueves al terminar el estado de calamidad pública que estaba vigente desde marzo.

La medida fue levantada como parte de la reapertura económica tras meses de confinamiento y restricciones de movilidad.

De acuerdo con la dependencia, más de 90% de las 42.669 personas detenidas fueron hombres mayores de edad, y seis de cada 10 detenidos se encontraban en estado de ebriedad.

En la última jornada del toque de queda, de las 21H00 del miércoles a las 04H00 de este jueves (03H00 a 10H00 GMT), fueron arrestadas 63 personas, la mayoría ebrias, detalló el informe del ministerio.

Organizaciones de derechos humanos y usuarios en redes sociales denunciaron algunos abusos por parte de la policía al aplicar el toque de queda, además de producirse hacinamiento en las prisiones provisionales.

En abril, el Poder Judicial pidió a los jueces priorizar la imposición de multas u otras sanciones para evitar la aglomeración en las cárceles, y no contribuir a más contagios de la nueva enfermedad.

Guatemala, con cerca de 17 millones de habitantes, suma 92.409 casos de covid-19 y 3.261 muertos, una mortalidad de 3,5%.

El país centroamericano inició a finales de julio la reactivación de actividades económicas según el nivel de contagio en cada municipio.

El sistema permitió la circulación del transporte público, la apertura de centros comerciales e iglesias, entre otros, con un aforo reducido según la tasa de contagio en cada uno de los 340 municipios.

El pasado 18 de septiembre fueron reabiertas todas las fronteras y desde este jueves quedó sin efecto el estado de calamidad, que restringía derechos constitucionales.

Con ello se permitió el funcionamiento de bares y otros negocios del sector de ocio, aunque sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla en lugares públicos.