Familiares de detenidos por pandillaje en El Salvador claman libertad e inocencia

San Salvador, El Salvador | Decenas de familiares de detenidos bajo un régimen de excepción, que este martes se extendió por un mes para combatir a las pandillas en El Salvador, marcharon exigiendo su liberación y alegando inocencia.

En la marcha en San Salvador, la capital, en la que también participaron organizaciones defensoras de los derechos humanos, las personas portaban pequeños carteles con la foto de su familiar detenido.

Los manifestantes, en su mayoría luciendo camisetas blancas, llegaron hasta los alrededores de la Casa Presidencial, cuyos accesos fueron bloqueados.

María Gloria Sánchez, de 60 años, pidió la liberación de su hija Laura Maribel Pacheco, de 22, quien fue detenida por la Policía el 17 de abril en su casa en una populosa colonia en la ciudad de San Martín, en la periferia este de la capital.

"La policía llegó a la casa, preguntaron por mi hija y la detuvieron sin explicar la razón, únicamente me dijeron a mí que era por eso del régimen (de excepción)", dijo Sánchez a la AFP.

Pacheco trabajaba en una maquila y sostenía a su madre.

"Duele porque ella no ha hecho nada malo, es inocente", agregó Sánchez, quien dijo que su hija permanece en una cárcel para mujeres en el sector este de San Salvador.

"Libertad, libertad", gritaba por su parte Sebastiana Bermúdez, de 50 años, quien clamaba por la inocencia de su hijo Irvin Alcides Amaya, de 28, detenido el 7 de abril.

"A mi hijo lo llegaron a detener en su trabajo, él es panadero, y se lo llevaron acusado de (pertenecer a) agrupaciones ilícitas", explicó Bermúdez a la AFP.

Lo único que sabe de él -dijo- es que se encuentra bien de salud en una prisión el sector norte de San Salvador.

Prorrogan régimen de excepción

Este martes la Asamblea Legislativa, controlada por los aliados del presidente Nayib Bukele, decidieron extender al menos hasta fines de agosto un régimen de excepción que permite realizar detenciones sin orden judicial.

En su "guerra" contra las pandillas, Bukele pidió al Congreso a fines de marzo la aprobación de ese régimen de excepción después de una ola de asesinatos perpetrados por estas organizaciones. La medida, que rige por 30 días, ha sido prorrogada mes a mes por el Parlamento.

El régimen de excepción suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de 3 a 15 días y faculta la intervención de las comunicaciones.

Diputados oficialistas y de la oposición minoritaria se enfrascaron en un debate sobre la captura de personas inocentes que son encarceladas a la par de los pandilleros.

La diputada de la izquierda opositora Marleni Funes acusó al oficialismo de "cambiar la presunción de inocencia (...) por presunción de culpabilidad", encarcelando a jóvenes de comunidades pobres.

Por su parte, el diputado de la oficialista Gran Alianza Nacional (Gana), Guillermo Gallegos, consideró que "el régimen de excepción debe estar (vigente) hasta que se capture al último pandillero".

"Un pandillero no tiene derechos y menos humanos, porque él no tuvo ninguna piedad, no tuvo ninguna misericordia, no tuvo ninguna lástima para asesinar, violar, extorsionar a tanta gente en este país", enfatizó Gallegos.

De acuerdo con el ministerio de Justicia y Seguridad, hasta el lunes 46.694 personas, presuntos miembros de pandillas, habían sido detenidas bajo el plan de Bukele, que tiene amplio apoyo ciudadano.

Su "guerra" contra las pandillas ha sido criticada por organismos de derechos humanos y por Washington, que denuncian posibles abusos contra detenidos a quienes no se les ha probado culpabilidad.

Las pandillas MS-13 y Barrio 18 son las que más delinquen en El Salvador. Hasta antes de la arremetida del gobierno, estaban encarcelados unos 16.000 de sus miembros.