Empresa acusa a Costa Rica de usar antigua fábrica como “centro de detención” para migrantes

El Gobierno de la República utilizó como “centro de detención” para migrantes una propiedad que la empresa alemana Faber-Castell le donó en 2018 para fines humanitarios. La información la dio a conocer, este lunes, el prestigioso diario británico The Guardian, que tuvo acceso al contrato en el que el mayor fabricante de lápices del mundo le concedió a Costa Rica sus instalaciones en Corredores.

Valga recordar que la compañía, que produce más de 2.000 millones de lápices de madera al año, mantuvo abierta durante décadas una fábrica en la Zona Sur del país, cerca de la frontera con Panamá, la cual se abastecía de plantaciones forestales cercanas. Sin embargo, debido a factores económicos adversos, la empresa cerró sus operaciones en 2013 y, en 2018, donó sus facilidades al Estado.

El pacto entre las partes estipulaba que el inmueble tenía que ser utilizado como refugio de asistencia humanitaria para migrantes que atravesaban la región. En aquel momento, Costa Rica registraba un incremento en el flujo de migrantes provenientes de Nicaragua, con motivo de las protestas contra una reforma al sistema de seguro social.

Pero en el contrato, Faber-Castell indicó que el Gobierno no tenía posibilidad de modificar el propósito de la propiedad.

Si bien nunca trascendió información de capturas de migrantes en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM), todo cambió cuando la administración de Rodrigo Chaves accedió el 18 de febrero de 2025 a recibir a 200 extranjeros deportados por Estados Unidos, según el medio británico.

Los deportados —procedentes de países de Europa, Asia y África— no tenían antecedentes penales, pero aun así fueron trasladados con esposas al país y llevados al antiguo complejo industrial.

También se les despojó de sus documentos de identidad, no se les informó adecuadamente de su situación, se les limitó su contacto con el exterior, no se les ofreció la posibilidad de regularizar su situación migratoria, entre otras situaciones.

Estas personas —incluidos más de 70 niños— permanecieron encerradas en el de Centro de Atención Temporal por más de dos meses, hasta que el 9 de julio de 2025 la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un habeas corpus —figura que protege a las personas de detenciones ilegítimas— presentado en su favor.

Insistentemente, el Ministerio de Gobernación y Policía (MGP) ha rechazado que los migrantes estuvieran aprehendidos. Esa posición fue reiterada este lunes, cuando Teletica.com solicitó un comentario tras lo publicado por The Guardian.

"Rechazamos categóricamente lo señalado por estos medios de comunicación que han hecho referencia a violaciones de derechos humanos y demás en el Centro de Atención Temporal de Migrantes. Vamos a ver, desde que las personas deportadas arribaron a Costa Rica, se les ha garantizado y se les han respetado sus derechos humanos. Tanto es así que se les dio atención médica, alimentación, atención psicológica, comunicación.

"Entonces no compartimos en nada lo que dicen ellos. El Centro de Atención Temporal de Migrantes nunca ha sido un centro de detención, por lo contrario, es un albergue transitorio para personas migrantes", indicó el viceministro del ramo, Omer Badilla.

Faber-Castell, por su parte, señaló a ese medio que desconocía por completo el uso que se le dio al inmueble recientemente. Asimismo, la empresa señaló estar “profundamente preocupada” por los reportes de detenciones en sus antiguas facilidades.

La compañía evitó responder si tiene previsto emprender acciones legales o administrativas contra el Estado, tras conocerse el uso que se le ha dado recientemente al inmueble.

Badilla defendió el compromiso de Costa Rica con el respeto de los derechos humanos y de los migrantes.

De acuerdo con el funcionario, la mayoría de los deportados al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ya regresaron a sus países de origen y otro grupo importante se mantiene refugiado o con estatus migratorio regular en Costa Rica.