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La tensión aumentaba este martes en Birmania, donde las fuerzas del orden han usado balas de goma, gases lacrimógenos y agua a presión contra los manifestantes, que por cuarto día consecutivo salieron a las calles para protestar contra el golpe de Estado del 1 de febrero, haciendo caso omiso de las prohibiciones y advertencias de las autoridades militares.

En Naipyidó, la capital, las fuerzas del orden dispararon "al aire como advertencia y luego usaron balas de goma contra los manifestantes", dijo a la AFP un habitante de la ciudad, mencionando heridos, aunque por ahora no se ha podido verificar su número ni la gravedad de su estado.

Poco antes, la policía utilizó cañones de agua para dispersar a un pequeño grupo de manifestantes que ante la barrera de las fuerzas del orden, gritaba: "¡Paren la dictadura militar!", según imágenes en directo de la televisión.

En Mandalay (centro), segunda ciudad del país, las fuerzas del orden usaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que protestaba, informaron testigos a la AFP.

"Dispararon gases contra los manifestantes que ondeaban banderas de la Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, depuesta tras el golpe, dijo una habitante de la localidad, explicando que los vecinos habían socorrido a los manifestantes con agua después de que recibieran los gases.

En el barrio de San Chaung de Rangún, numerosos profesores marchaban por la calle principal el martes.

La mayoría de los manifestantes visten de rojo, color de la LDN, piden la liberación de Aung San Suu Kyi y realizan el ya emblemático saludo de tres dedos de la mano levantados, en señal de resistencia, frente a los militares.

Los ciudadanos desoyeron las advertencias de las autoridades, que el lunes prohibieron las reuniones de más de cinco personas, decretaron la ley marcial en algunas partes del país y decretaron un toque de queda en varias ciudades.

"No queremos una dictadura militar"

El ejército, que alegó "fraudes electorales" en las elecciones legislativas de noviembre para justificar el golpe, blandió la amenaza de represalias contra los manifestantes.

"Serán adoptadas acciones (...) contra las infracciones que perturban, impiden y destruyen la estabilidad del Estado", anunció la televisión pública.

"Sus advertencias no nos preocupan, es por ello que salimos hoy. No podemos aceptar su excusa de fraude electoral. No queremos una dictadura militar", declaró a la AFP Thein Winun, uno de los maestros que protestan en San Chaung.

Desde el pasado fin de semana y en diversas ciudades del país, centenares de miles de manifestantes han salido a las calles.

Este tipo de protestas no se habían visto en Birmania desde la revuelta popular de 2007, la llamada "revolución de azafrán" liderada por los monjes y que fue violentamente reprimida por el ejército.

El riesgo de represión es real. "Todos sabemos de lo que es capaz el ejército: de atrocidades masivas, de muertes de civiles, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias", dijo Tom Villarin, del grupo de parlamentarios del Asean (Asociación de Naciones de Asia del Sureste) para los derechos humanos.

Desde el 1 de febrero, más de 150 personas -diputados, responsables locales, activistas- han sido detenidos, según la Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos con sede en Rangún.

Elecciones "libres y justas"

El comandante en jefe del ejército, Min Aung Hlaing, se dirigió al país por primera vez desde el golpe el lunes por la noche en la cadena del ejército Myawaddy TV.

Se comprometió a "celebrar elecciones libres y justas" al término del estado de urgencia de un año y prometió un régimen militar "diferente" de los anteriores.

Birmania vivió cerca de 50 años bajo un gobierno militar tras su independencia en 1948. El golpe del 1 de febrero puso fin a un breve paréntesis democrático.

En noviembre, la LND ganó por mayoría aplastante las legislativas, en unos comicios que los militares califican de fraudulentos pese a que los observadores internacionales no constataron problemas mayores.

El golpe de Estado ha sido condenado por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y numerosos países.

Nueva Zelanda anunció el martes la suspensión de contactos militares y políticos de alto nivel con Birmania, en lo que constituye el primer paso internacional para aislar a la junta militar del país tras el golpe de Estado.