Por Deutsche Welle 20 de agosto de 2026, 6:38 AM

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decretó el miércoles (19.08.2026) el estado de emergencia económica, social y ecológica por el terremoto de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto y que ha dejado a la fecha al menos 314 personas fallecidas.

Mediante un decreto, el mandatario declaró la emergencia económica en 15 departamentos y durante un mes, para "conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre".

Según un nuevo balance oficial, la emergencia deja 314 personas fallecidas en 15 departamentos y 471 municipios del país, en los que hay 262.154 personas damnificadas, mientras otras 4.437 personas han resultado heridas y otras 262 permanecen desaparecidas.

Los daños materiales también son significativos: 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas, 302 edificios colapsados y 5.809 inmuebles con daños estructurales.

La emergencia económica es un mecanismo legal para poder canalizar fondos nacionales e internacionales y dinamizar la reconstrucción del país tras el terremoto, el más grave sufrido en Colombia en lo que va de siglo.

Durante la vigencia de la emergencia, el Ejecutivo podrá expedir decretos para adoptar las medidas que considere necesarias "para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos", así como realizar las operaciones presupuestales y de crédito público necesarias para ejecutarlas.

La semana pasada, el mandatario ya había anunciado la declaratoria de la emergencia económica, pero luego se echó para atrás y dijo que su gobierno estaba preparando el decreto para publicarlo esta semana, como lo hizo hoy.

De la Espriella ya había anunciado la creación de un "fondo milagro", destinado a canalizar recursos "para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos" afectados por el sismo.

El mandatario explicó que el gobierno está organizando, junto con su equipo económico, medidas de alivio temporal para las familias damnificadas.

Estas incluyen el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, alivios tributarios y financieros y ayudas económicas para las familias más vulnerables, además de mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios afectados.

El terremoto tuvo su epicentro el pasado 10 de agosto en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y es considerado una de las mayores tragedias naturales registradas en el país en las últimas décadas.

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