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Víctor Morales Mora, diputado del PAC y presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, tendrá desde el próximo martes la tarea de dirigir la discusión del adversado proyecto de reforma al empleo público.

La iniciativa, que para el primer día de mociones vía 137 recibió 400 propuestas, es el eje de la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y también su apuesta más grande para alcanzar el objetivo de un superávit primario en 2023.

Sin embargo, el texto dictaminado no tienen consenso en ningún punto, y será tarea de la comisión encontrar esos espacios de comunión para darle forma a una reforma que caldea los ánimos de sindicados y el sector público.

De entrada, Morales Mora ya planteó el primer punto de discusión: el PAC y el Gobierno insistirán por la rectoría de Mideplan, algo que nadie más respalda. 

¿Cómo encara la discusión del proyecto de empleo público?

Con optimismo, porque creo que a pesar de la lluvia de mociones que terminaron presentándose (400) para este primer día artículo 137 que se cerró hoy (jueves), vamos a empezar el próximo martes a conocerlas. Hemos venido haciendo un esfuerzo, un ejercicio de trabajo con distintos diputados que no está acabado, es un proceso en marcha que yo espero que nos permita ya en el trabajo de carpintería, tomando artículo por artículo, poder avanzar e ir construyendo en los próximos días los acuerdos y consensos necesarios. Estoy absolutamente convencido de que es posible.

400 mociones hablan bastante bien del poco consenso y apoyo que hay en torno al texto dictaminado.

Esa puede ser una lectura, también es el mucho interés que despierta este tema y el deseo de diputados y diputadas de atender a diferentes grupos de presión, a diferentes sectores, atender sus consideraciones y traducirlas en mociones; no obstante la cantidad significativa, me parece que una vez que empecemos a tramitarlas y organizarlas nos encontraremos un grupo muy importante que pasa por el tema de salario global. Todo esto es un proceso que no está acabado, pero que nos convence de que la mejor fórmula de resolver este tema es atendiendo a los ejes o principios que nos han servido de orientación, que tienen que ver con la equidad, la sostenibilidad fiscal y las soluciones que no terminen después generando conflictos legales o jurídicos.

¿Cuál es la posición que más fuerza tiene en este momento en torno al salario global?

Hay una tendencia a que al final sea que el salario global se aplique a las futuras contrataciones de manera obligatoria y que para los actuales haya dos mecanismos: cuando el salario compuesto sea inferior al eventual salario global ese trabajador o trabajadora seguirá recibiendo lo que recibe sin que se le rebaje un colón, seguirá recibiendo su incremento por anualidad hasta alcanzar el salario global; aquellos cuyo salario sea mayor pues se estacionarán, ahí se quedarán hasta que el salario global los alcance.

Alrededor de esta idea creo que convergirán múltiples mociones, ahí hay un eje articulador, sin que signifique que ya hay un acuerdo sobre esto, pero sí nos plantea una ruta. Una vez que cuaje este concepto, y se alcance ese consenso en una moción, pues obviamente las otras se excluirán, porque ya hay un punto de definición.

El otro tema que ha generado muchísimas mociones pasa por la rectoría de Mideplan, por ahí se ha construido una ruta amparada en lo que dice la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que le da Mideplan una rectoría, se pueda balancear un punto de equilibrio entre las funciones del Servicio Civil y las oficinas de personal, por ahí hay un importante trabajo por hacer.

Lo otro tiene que ver con la negociación de convenciones colectivas, me parece que ya por ahí ha quedado descartada la tesis de prohibir la negociación de estas y el debate gira ahora por su regulación. Estos elementos nos van a permitir acomodar este universo de mociones, por lo menos las que giran alrededor de estos tres temas que son una gran mayoría.

El Gobierno y su fracción han insistido porque Mideplan asuma esa rectoría del empleo público, pero esa tesis no la comparten el resto de los diputados. ¿Aún así van a insistir en ese punto?

Lo que pasa es que hay que criterios jurídicos e incluso jurisprudencia de la Sala Constitucional que indican que las funciones de rectoría tiene que cumplirlas un ministerio, entonces la rectoría no la podría cumplir un órgano como por ejemplo la dirección de Servicio Civil, ese es nuestro punto de vista, nuestra argumentación, pero sé que hay otras visiones expresadas en muchas de esas mociones que efectivamente dicen que no, que la rectoría tiene que estar en el Servicio Civil. Para nosotros es un tema al que todavía hay darle una vueltita.

Nosotros lo que hemos venido planteando es que estamos en el mejor ánimo de mejorar y revisar las cosas para que no se entienda como se quiso traducir que se trata de un súper ministerio para politizar los nombramientos y que va a haber un ministro o ministra de Planificación que va a estar metiendo las manos en el Poder Judicial, en las municipalidades, las universidades y las instituciones autónomas y que entonces eso es un abuso y etc etc. Digamos que se creó ahí toda una narrativa, pero no es eso lo que buscamos, es ordenar el sistema, que haya dirección, lineamientos nacionales y generales y por eso rescatamos en esa rectoría debe cumplir con ese rol, toda interpretación que no sea esa es lo que queremos aclarar.

Pero usted bien sabe que esa no es la interpretación que hacen la mayoría de los diputados. ¿Podrían ceder entonces?

Nosotros queremos conservar la rectoría, no porque nos dé la gana, es porque así lo dice una ley que aprobamos en 2018 y porque lo que indica esa ley es necesario para efectos de lo que nos anima, que es ordenar el sistema de empleo público. En un sistema como el que planteamos debe haber rectoría. Entonces sí, muchos plantean que esa rectoría venga de un órgano técnico, pero nuestro punto de vista es que esa rectoría tiene que tener una visión estratégica de las políticas de empleo público, por eso es que ahí debe estar. Después de eso aclaremos los alcances de esa rectoría, si alguien entiende que es para nombrar a un juez, para meterse en los departamentos de recursos humanos a nombrar gente, no es para eso.

Hay un margen para que construyamos, en todo, en materia de salario único por ejemplo tenemos condicionamientos en materia de sostenibilidad fiscal que nos hacen que no podamos ir más allá de donde estamos construyendo, por el lado nuestro como fracción de gobierno, pero en este tema de rectoría hay un margen amplio de donde podemos construir a partir de lo que dice la ley. Lo que quiero decir es que no dejaremos de tener ley de empleo público por no ser capaces de ponernos de acuerdo en rectoría.

¿Pero hay margen para negociar desde esa perspectiva legal que usted defiende?

Este es un proceso eminentemente político que tiene que contarse sobre una base técnica y legal, esos son sus límites, pero entonces esto es un ir y venir. Teniendo claras cuáles son esas líneas rojas nos vamos moviendo. Somos flexibles y tenemos el ánimo de ver hasta dónde se puede llegar, esa es la dinámica natural de esto. Quien crea que mete un proyecto a la Asamblea Legislativa con la idea de que no se lo van a cambiar… La dinámica es esta, determinar qué es lo propio de la naturaleza del proyecto y encuadrarlo alrededor de esos tres elementos que ya mencioné, pero tiene que ser un proyecto que al final del día contribuya al saneamiento de las finanzas públicas, a la equidad y que nos permita gestionar todo esto sin exponernos a juicios o conflictos.

¿Ya valoró cómo están los consensos en esos tres ejes?

Lo que pasa es que este ejercicio de construcción pasa por un diálogo permanente con el liderazgo de las fracciones. Hablamos mucho, somos nueve diputados en la comisión y necesitamos de la mayoría para que esto avance. Hemos estado conversando, pero hasta que no tengamos el martes en la mañana clara la posición sobre las primeras mociones a discutir pues no tenemos nada cerrado todavía, todo está abierto; pero creo, y ahí está mi optimismo, que esto va en buena dirección.

¿Cuándo cree que podría agotarse la discusión de esas mociones en la comisión?

Si uno hiciera un ejercicio de optimismo bárbaro, aspiraríamos a que en cuatro sesiones (dos ordinarias y dos extraordinarias) la próxima semana se lograran ver esas mociones siempre y cuando haya acuerdos para reducir esa cantidad. Si son las 400 va a ser muy difícil si quiera verlas. Si el trabajo va permitiendo ir aprobando textos sobre esos temas se puede empezar a retirar mociones que sean contrarias o iguales. Pero vamos a empezar una jornada larga. Ojalá, y lo digo desde la cúspide del optimismo, la semana pudiera alcanzarnos para sacar todo este primer paquete de mociones, pero si no lo hacemos en la que viene será la siguiente, lo cierto es que vamos encaminados.

Hay un gran número de agrupaciones que están esperando que arranque esa discusión para iniciar con un movimiento social en las calles. ¿Qué les dice a sindicatos y sociedad civil que ve en la reforma un enemigo?

Yo es que el tema la verdad lo tengo muy claro. El marco legal que regula el empleo público en Costa Rica requiere mejoras, requiere terminar con inequidades de personas que realizan un mismo trabajo pero que laboran en instituciones diferentes y por eso tienen condiciones y salarios diferentes, hay un tema de ajustar y ordenar, eso es así. En segundo lugar, yo insisto y lo repito mil veces, que a un trabajador hoy, un funcionario público actual, le preguntan si este proyecto les va a bajar el salario y ese trabajador debe tener la respuesta clarísima: no, no se le va a rebajar el salario, va a seguir recibiendo lo que recibe hoy más sus anualidades si su salario es inferior al global, entonces no hay ningún pierde. Si es mayor se queda igual, no hay ningún pierde. 

Entonces a esos trabajadores que por dicha y gracias a Dios han podido sostener sus condiciones laborales durante la tremenda tragedia de la pandemia, mientras miles de trabajadores del sector privado se han quedado sin trabajo o han visto su salario reducido, lo que estamos haciendo es arreglando cosas sin afectarlos, sin despedir a nadie, sin que se cierren instituciones. Claro, cuando vengan los próximos días quiero ver ese debate, para que me digan dónde esta legislación está afectando a un trabajador, más allá de las consignas y lo que quieran decir, que nos digan dónde está esa afectación. 

Aquí hemos trabajado con sectores, hemos escuchado grupos, pero desde luego que no se atiende al 100% de las cosas que alguien dice que quiere que se hagan, pero se han escuchado, incluidos los sindicatos y el sector público. Entonces esto hay que verlo con tranquilidad, ver que no se afecta al trabajador público pero sí se mejoran las condiciones para futuro, entendiendo la situación que atravesamos y el país en el que estamos y que hay que hacer esfuerzos para resolver los problemas fiscales de manera que permitan que las instituciones sigan funcionando. 

¿Para usted es inadmisible la consigna de no a la reforma al empleo público?

Yo lo creo así, con todo respeto lo creo así. Esta reforma es necesaria, nos sirve a todos. El tema de salario global no nos lo estamos inventando, hay instituciones donde funciona. Van a venir días intensos de trabajo, de debate y de discusión, pero vamos a estar con el mejor ánimo, animados por la convicción de que estamos haciendo lo correcto y lo mejor para el país.

En un año electoral y por la reforma de la que estamos hablando, ¿le sale más cara esta discusión al PAC que a cualquier otro partido?

El PAC nació hace 20 años con la consigna de la responsabilidad fiscal, de contribuir a ordenar el funcionamiento del Estado, porque precisamente creemos en la necesidad de instituciones públicas prestándole un excelente servicio a la ciudadanía, es por eso que creemos que las cosas que hay que ordenar hay que ordenarlas. En el Gobierno pasado se empezaron a crear límites en las convenciones colectivas de manera que no se cometan abusos, entonces para nosotros este propósito no nos es en nada ajeno. Si alguien ha creído que el PAC se fundó para proteger a los sindicatos del sector público en las negociaciones de convenciones colectivas, ahí hay un error y es necesario decirlo claramente. El objetivo nuestro es que el Estado funcione bien, porque estamos convencidos de que la sociedad costarricense necesita de un Estado con la institucionalidad que funcione bien.

Pero además recordemos que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada en 2018 y que nos costó una huelga nacional de tres meses establece como reserva de ley todo lo que tenga que ver con establecimiento de pluses, de incentivos salariales, esas cosas que antes se definían en la mesa de negociación de una convención colectiva ya no se pueden hacer ahí, esos límites ya se establecieron. Entonces quiero ser vehemente que nosotros no somos enemigos de los sindicatos, les reconocemos y asignamos el rol que tienen en una democracia, como reconocemos a las organizaciones de empresarios o de consumidores, creemos en una sociedad que se organiza para defender intereses particulares y gremiales, pero también creemos en un Estado que funcione y para que funcione tiene que ser financieramente sostenible.

¿Pero le sale más cara al PAC esa convicción?

Pues no, no lo creo. El PAC no es un partido que haya definido que su base son los empleados públicos. Lo claro aquí es que nunca nos hemos colocado como enemigos de los empleados públicos, ellos no son los responsables de todo lo malo que pasa en Costa Rica, en nuestra narrativa no estamos ahí, estamos a favor del funcionamiento correcto de las instituciones públicas y esto desde luego pasa por el régimen de empleo. Aquí no hay cálculos electorales, podríamos haber dicho esto dejémoslo quedito, pero lo enfrentamos con la claridad y responsabilidad que estoy expresando.