Por Ignacio Santos |11 de octubre de 2017, 13:59 PM

En un esclarecedor reportaje el Semanario Universidad, y nos agrada reconocer el buen trabajo de otros colegas, se informa que la fiscalía ocultó pruebas que implicaban diputados en el caso del cemento chino.

Conforme se conocen nuevos hechos en los últimos días y semanas aumenta la indignación, la preocupación y hasta el asco.

El Semanario informa que el OIJ elaboró un informe donde en un lapso de 14 meses se ubican 1083 llamadas entre el empresario cementero Juan Carlos Bolaños y los diputados Otto Guevara, Víctor Morales Zapata y el asesor legislativo del PUSC, Walter Céspedes.

En promedio estamos hablando de casi 3 llamadas por día, incluyendo sábados y domingos.

El reportaje del Semanario agrega que la fiscalía pidió el cierre de la investigación por supuesto tráfico de influencias contra los legisladores Guevara Gutt y Morales Zapata por, según ellos, no existir "referencia probatoria alguna que derive de la investigación que refleje un vínculo directo entre las personas que están siendo investigadas".   1083 llamadas en 14 meses les pareció algo irrelevante.   

Pero no solo eso, lo grave, lo inexplicable, es que en el pedido de subestimación el Ministerio Público no menciona. Omite, ignora, pasa por alto, nada más ni nada menos que 184 llamadas entre Juan Carlos Bolaños Rojas y el diputado Morales Zapata.

¿Por qué se omite este dato?  ¿Cómo es posible omitirlo?

Finalmente, la situación se descubre y el Ministerio Público dice que fue un error de un fiscal adjunto, se ordena investigarlo y se reabre la investigación que ya había sido desestimada por la misma Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Respetamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Carlos Chinchilla. La vida lo ha colocado en lo que probablemente sea la principal prueba, la más importante e histórica que ha enfrentado como funcionario público. Es la hora de las verdades, de acciones enérgicas, enérgicas pero obviamente con solido fundamento legal y ético.  

No se pueden dar medias tintas ni salidas salomónicas.  Todo el país está pendiente de lo que sucede en nuestro Poder Judicial. Una institución integrada en su inmensa mayoría por hombres y mujeres decentes, trabajadoras, probas, que no merecen recibir los insultos y vejaciones de las que están siendo víctimas, la gran mayoría injustamente.   

Don Carlos, con sus compañeros y con el país, y con usted mismo, tiene  una inmensa obligación. 

Debe actuar con firmeza, colocando por encima de todo la ley y defendiendo el prestigio que merece el Poder Judicial, no debe caer en la precipitación o el castigo sin fundamento, pero…

Mucho menos en el amiguismo o la complacencia. Confiamos que no lo hará. El respeto a la ley, a  nuestro ordenamiento jurídico, la aplicación correcta y mesurada de la ley debe estar por encima de cualquier otra consideración. Y que caiga el que lo merezca y se aplique la ley con severidad y corrección.

Lo que está en peligro es algo básico, imprescindible en un sistema democrático, lo que está en peligro es nuestro sistema de administración de justicia. La confianza que le debemos a la ley y a nuestros jueces.

Por eso, don Carlos, señores magistrados, para el momento que vivimos y viven, no encuentro una mejor frase que esta de Winston Churchill: " Un hombre debe hacer lo que debe, a pesar de las consecuencias personales, a pesar de los obstáculos, peligros y presiones, esa, esa es la base de la moral humana".