Por Deutsche Welle |11 de agosto de 2020, 16:20 PM

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia pidió este lunes a la Alcaldía de Medellín recopilar el ADN de familiares de víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 -un barrio de la ciudad- para cotejarlo con los 59 cuerpos recuperados del Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia.

Así lo informó el alto tribunal en un comunicado en el que detalló que la base de datos consolidada por su Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad cuenta con 459 víctimas de desaparición forzada entre 1978 y 2016 en la Comuna 13, golpeada por el conflicto armado.

La Comuna 13 de Medellín fue escenario entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 de la Operación Orión, con la cual el Ejército colombiano buscaba expulsar de esa localidad a milicianos de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación nacional (ELN). Según organismos de defensa de los derechos humanos, la operación -que se hizo con la ayuda de grupos paramilitares- dejó numerosos muertos y desaparecidos que, al parecer, fueron sepultados en un vertedero conocido como La Escombrera.

Ante esto, la JEP manifestó que la Alcaldía "debe realizar reuniones de planeación con autoridades municipales, departamentales y víctimas que, además cuenten con la participación de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBDP). Todo lo anterior con el fin de promover la participación de las víctimas y sus organizaciones en todas las fases del proceso de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado".

Igualmente, la Alcaldía deberá "contribuir con toda la información que posea y resulte útil para consolidar los listados de víctimas, especialmente en primer grado civil o de consanguinidad, así como a sus cónyuges o compañeros permanentes, a fin de informales sobre el proceso y garantizar sus derechos", agregó la JEP.

Sobre las 459 posibles víctimas, la JEP ya tiene información completa de 327, mientras que existen 612 casos adicionales aportados por la Fiscalía General de la Nación sobre los que la información no ha sido completamente verificada, por lo que se calcula que en total son 1.071 víctimas.

"Del total de víctimas, 195 habrían sufrido desaparición forzada durante los años 2002-2003, 91 de ellas durante el segundo semestre del 2002, los períodos más críticos. Esta situación coincide con graves alteraciones de orden público en el municipio", aseveró la JEP.