Urbanismo y combate a la delincuencia
Una verdadera política criminal va mucho más allá e involucra elementos preventivos, como el urbanismo.
Rodolfo Brenes, doctor en Ciencias Jurídicas.
Cuando los políticos hablan del combate a la delincuencia, usualmente proponen “mano dura”, más policías, penas más severas, cárceles de máxima seguridad, reformas al proceso penal… Sin embargo, como explicamos en nuestro artículo anterior, una verdadera política criminal va mucho más allá e involucra elementos preventivos, como el urbanismo.
Ciertamente, el entorno en el que vivimos, la configuración del espacio urbano y el diseño de nuestras ciudades pueden impactar positiva o negativamente en la prevención del crimen.
El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos, ONU-Hábitat, ha documentado que las actividades delictivas tienden a concentrarse en lugares con condiciones físicas determinadas: poca o inexistente iluminación pública, terrenos baldíos o edificaciones abandonadas, ausencia de transporte público, uso de suelo monofuncional, es decir, barrios exclusivamente residenciales que permanecen desiertos durante el día, o exclusivamente comerciales, desiertos en la noche.
No se trata de una cuestión novedosa. En 1972, el criminólogo C. Ray Jeffery desarrolló el concepto de Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED, por sus siglas en inglés, o Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental, en español), y propuso una serie de medidas para disuadir el delito mediante el diseño del entorno: calles, parques, edificios.
Hoy en día, el CPTED tiene gran influencia a nivel mundial. Para mencionar algunos ejemplos, en México el gobierno desarrolló una “Guía para el diseño de espacios públicos seguros”, fundamentada en la metodología del CPTED; en Nueva Zelanda, el Ministerio de Justicia implementó una guía similar de aplicación nacional.
La ciudad de Medellín, Colombia, es un caso conocido y estudiado, por haber incorporado exitosamente el diseño urbano como parte de una política criminal integral, gracias a la cual se produjeron reducciones en los índices de delincuencia.
Dicho esto, no debemos olvidar que la criminalidad es un fenómeno complejo y multicausal, por lo que, obviamente, el diseño urbano no puede producir, por sí solo, un impacto en este campo. Mientras sigan existiendo elementos criminógenos como desigualdad, exclusión social, pobreza, habrá personas que se verán empujadas hacia la delincuencia.
Por otro lado, las intervenciones aisladas pueden producir simplemente una migración del delito, de una ciudad a otra, e incluso de un barrio a otro. Por ende, el abordaje debe desarrollarse a una escala mayor y no enfocarse en unos cuantos puntos “conflictivos”, aunque por ahí deba empezarse.
Del mismo modo, el esfuerzo debe ser sostenido en el tiempo, lo que implica destinar recursos para mantener y cuidar la infraestructura urbana. Sin un compromiso institucional de largo plazo, los efectos positivos pueden disminuir o desaparecer.
¿Y si a la discusión costarricense sobre el combate a la delincuencia le añadimos el componente urbano? ¿No sería bonito tener, además de ciudades seguras, espacios agradables de convivencia para todas las personas?
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