15 de septiembre de 2026, 18:42 PM

Rodolfo Brenes, doctor en Ciencias Jurídicas.

En 1821 llegó a Costa Rica la noticia de la independencia, y con ella inició un proceso de desarrollo constitucional en el que pasamos por un período federalista, como parte de la República Federal de Centroamérica, hasta la posterior consolidación de nuestro país como una república democrática independiente.

En esa evolución, desde una perspectiva jurídica, fuimos progresivamente respondiendo a preguntas centrales para cualquier Estado: ¿Quién tiene la soberanía? ¿Qué relación tenemos con otros Estados? ¿Cómo se organiza y distribuye el poder? ¿Cómo y por qué períodos se elige a los gobernantes y autoridades públicas? ¿Cuáles derechos y garantías mínimas se reconocerán a las personas y cómo serán protegidas frente al poder estatal?

Nuestra Constitución Política actual, de 1949, sentó las bases del Estado costarricense que hoy conocemos. La abolición del ejército como institución permanente nos mantuvo protegidos de la inestabilidad política y de los conflictos bélicos que vivieron nuestros vecinos, y marcó inclusive el ser costarricense, que hoy se identifica predominantemente con valores de paz, armonía y respeto al otro.

La creación del Tribunal Supremo de Elecciones instauró un órgano de rango electoral encargado de organizar y supervisar elecciones limpias y justas, de modo que ningún gobierno de turno pudiera manipular el resultado de las urnas (precisamente lo que había motivado el conflicto civil de 1948).

En línea con lo anterior, se prohibió la reelección presidencial sucesiva, para evitar el caudillismo y la concentración excesiva de poder en una sola persona.

Se crearon instituciones autónomas y se le dio rango constitucional a la Contraloría General de la República, para distribuir el poder estatal y garantizar el control sobre la Hacienda Pública y el uso de recursos públicos.

Se fortaleció la independencia del Poder Judicial, garantizando mayor estabilidad en el cargo a las magistraturas; se reforzó su independencia administrativa y se constitucionalizó la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Constitución también preservó importantes conquistas sociales, como la Caja Costarricense del Seguro Social, derechos laborales y garantías sociales, al tiempo que introdujo otros derechos, como el del voto femenino, que ninguna reforma anterior había logrado concretar pese a más de dos décadas de lucha organizada.

Nuestra Constitución se ha ido modernizando con el paso del tiempo. La transformación más importante, en mi opinión, fue la creación de la Sala Constitucional, que le dio una nueva vigencia a los derechos constitucionales y provocó cambios sustantivos en diversos ámbitos del funcionamiento del Estado, desde el sistema de justicia hasta el de salud pública.

Regresemos en este punto al concepto de independencia, entendida como “libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro” (DRAE). En 1821, esa libertad consistió en separarnos de la corona española para construir un nuevo Estado, autónomo, organizado como una república democrática.

Superada esa etapa, construimos una independencia distinta, ya no frente a potencias externas, sino ante el poder del Estado, que si no es sometido a límites, pesos y contrapesos, termina convirtiéndose en una amenaza para los derechos y libertades de todas las personas.

La arquitectura constitucional del Estado costarricense, que brevemente repasamos, refleja la preocupación del Constituyente por preservar la libertad del individuo y evitar la concentración del poder.

Esa arquitectura está hoy sometida a intensa presión: ataques y deslegitimación al Poder Judicial, propuestas para limitar las facultades de la Contraloría, para permitir la reelección presidencial sucesiva, intentos por debilitar la autonomía del TSE, ataque a la prensa independiente y deterioro en los índices de libertad de expresión.

El peligro no es abstracto. Es concreto y está ahí a la vista. Si bien continuamos siendo una de las poquísimas democracias plenas en el mundo, esa es una conquista que debe salvaguardarse, y ello depende en gran medida de la actitud vigilante y comprometida de una ciudadanía informada.

Así que, celebremos la independencia adquirida hace dos siglos de España, pero no olvidemos que las libertades se protegen a diario, pues no son inmutables, sino conquistas que pueden erosionarse, lentamente, hasta perderse. De nosotros depende su sostenimiento.

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