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Se acabó el año y no habrá un nombramiento en propiedad del nuevo jerarca en el Ministerio Público.

Tal y como lo detalla una nota de Teletica.com, en el Poder Judicial reconocen que es imposible nombrar a alguien en el puesto antes de que termine el año.

Esto significa que, para enero, ya habrán pasado siete meses desde que Emilia Navas dejó la Fiscalía General, poco después de que se acogiera a la jubilación y en medio de una polémica que motivó una investigación para determinar si hubo filtración o no de información previo a los allanamientos del caso Cochinilla.

No cuestiono que la gente que ahora ocupa las fiscalías adjuntas y, temporalmente, el cargo de jefatura en el Ministerio Público tengan las competencias para hacerse cargo de las tareas actuales.

No obstante, pienso que el nombrar de manera definitiva a una persona en el puesto es urgente básicamente por dos elementos.

Primero, el jerarca de la Fiscalía General es quien define la política de persecución criminal en el país, según lo dicta el artículo 25 de la ley orgánica del Ministerio Público.

En otras palabras, establece las prioridades en cómo se van a perseguir delitos. Su visión es determinante para señalar a que se le dará más peso y a que no.

El otro elemento es la sensación que pueda tener la opinión pública este atraso. En medio de sonados casos como Cochinilla, Azteca o Diamante, es necesario que la institución de señales de seguridad y estabilidad.

El Poder Judicial ha dicho que el proceso es complejo y que se busca una rigurosidad en la elección. Además, que son muchos los aspirantes al cargo y que esto  lo hace más lento. No lo dudo, pero creo que siete meses ya será demasiado tiempo para un país que pasa una coyuntura como la actual.