Contra el discurso del odio y el racismo

Rodolfo Brenes, doctor en Ciencias Jurídicas

Según cifras oficiales publicadas por el Servicio de Protección en las Redes Sociales de la FIFA, solamente durante la fase de grupos de esta Copa Mundial se detectaron 89.000 publicaciones ofensivas, de las cuales el 11% eran racistas.  

Además, el servicio de moderación ocultó más de 2.000.000 de publicaciones, por contener spam y contenido ofensivo generado por bots o cuentas falsas. Este dato aumentó un 400% con respecto al registrado en el 2022.  

A raíz de esto, el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil, un país donde existe gran conciencia de la problemática que supone el racismo, denunció la “existencia de un patrón transnacional de racismo estructural, discriminación racial y discurso de odio observado a lo largo de la Copa del Mundo 2026”, por lo que pidió acciones a la ONU y a la FIFA. 

Las cifras publicadas reflejan que el discurso de odio y el racismo están en franco incremento, ahora además impulsados por las nuevas tecnologías de la información, la inteligencia artificial y el uso orquestado de cuentas falsas, que manipulan la discusión en redes, a menudo propagando desinformación e insultos.  

Según la ONU, el discurso de odio es “cualquier forma de comunicación (…) que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género y otro factor de identidad”.  

En el ámbito interamericano, este tipo de discurso queda fuera de la órbita de protección de la libertad de expresión, por lo que se le considera un “tipo de discurso no protegido”. Conforme al artículo 13.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está prohibida toda “(…) apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.  

Y es que, en la actualidad, está claramente establecido que el discurso de odio pone en peligro la cohesión de la sociedad democrática, crea tensiones, genera un clima de hostilidad y, en casos extremos, puede llevar a la violencia.  

Por su parte, el racismo degrada y disminuye a la persona a una categoría inferior y distinta, nos divide en grupos, por un lado “nosotros” y por el otro “ellos”. Esta “seudológica” puede llevar a la negación de derechos y a múltiples injusticias y actos de discriminación.  

Lamentablemente, escuchamos este tipo de discurso en boca de algunos líderes políticos inescrupulosos que buscan ganar simpatías entre ciertos sectores, atizando la xenofobia, la misoginia, el racismo, la transfobia, en suma, la desconfianza en el otro, sin importar el deterioro que causen en el tejido social. Vimos varios ejemplos deleznables durante el recién terminado Mundial. 

Es por eso que los Estados tienen la obligación de intervenir en este campo, adoptando legislación adecuada para reprimir y castigar el discurso de odio, en todas sus formas. Brasil, Argentina, Uruguay, Reino Unido, Francia o España, por citar algunos ejemplos, han creado delitos específicos para combatir este fenómeno. Costa Rica no los tiene. Y, como sabemos, no estamos exentos de los discursos de odio o del racismo. 

Desde luego, ninguna ley, por buena que sea, solucionará el problema. Ninguna ley tiene ese poder por sí sola. Como sucede con muchas problemáticas sociales, debemos iniciar por la base, es decir, educando a la ciudadanía, procurando entender y aceptar, en todo cuanto ello implica, que nuestra condición de seres humanos nos iguala y nos hermana, por lo que no cabe categorizar entre personas, ni fomentar el odio contra nadie, menos aún la violencia.  

En ese aspecto concreto, todos y cada uno de nosotros podemos aportar nuestro grano de arena, según cómo respondamos al racismo desinhibido y al odio que se propaga en nuestras sociedades.  

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