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Los ministerios e instituciones del sector público deberán presentar el 5 de noviembre próximo un informe sobre el avance en la vacunación de su personal, esto luego del decreto firmado que hace obligatoria la recepción de dosis del fármaco contra el COVID-19 para ese sector.

La decisión fue tomada este martes por el Consejo de Gobierno, según detalló la ministra de la Presidencia, Geaninna Dinarte.

El informe deberá detallar los funcionarios con esquema completo, la cantidad de personas con primeras dosis y también aquellos que hayan presentado una contraindicación médica para esta inmunización, lo mismo que la cantidad de personas no vacunadas.

“En cada entidad los encargados del manejo y protección de la información serán los consultorios médicos o, en su ausencia, el Área de Salud pertinente; al Ministerio de la Presidencia solo llegarán datos generales sin detalles individuales ni sensibles”, precisó el Gobierno.

De la mano con el decreto presidencial, las autoridades anunciaron el inicio de una “campaña de sensibilización” para que las personas que no se hayan vacunado aclaren sus dudas y se vacunen de forma pronta.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, instó a todos los jerarcas a persuadir a la gente y a hacer campañas de vacunación en las instituciones no solo para funcionarios, sino también para sus familias.

“Nuestro objetivo es que la gente se vacune. Queremos cuidar a la población y que se vacunen para el beneficio de todas y todos”, dijo.

Si esa campaña no funciona, los jerarcas deberán dar entre 5 y 10 días hábiles a los empleados públicos para cumplir con esa orden, una vez cumplido ese plazo se impondrán medidas disciplinarias.

“Sin ser excluyentes entre sí, las medidas podrían ser un procedimiento administrativo, una multa fija –un salario base, según estipula el artículo 378 de la Ley General de Salud– y una denuncia ante el Ministerio Público”, detalló Presidencia.

El 26 de noviembre se deberá presentar un segundo informe sobre los avances.