Comisión expone a ministra 10 razones para mantener obligatoriedad de vacuna anticovid

La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) brindó al menos 10 razones puntuales a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, para mantener la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 en el sector público. 

Este pronunciamiento llega luego de que, en un decreto firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la jerarca, se solicitaran las razones técnicas para no eliminar esta directriz. 

El documento, de 25 páginas, fue firmado por siete miembros de la CNVE, incluidos el doctor Roberto Arroba, secretario técnico, y Leandra Abarca, de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En este se detallan los siguientes argumentos: 

• ​Clara tendencia del aumento de casos de COVID-19 en Costa Rica.
• Eliminación del uso de mascarillas.
• Aumento de incapacidades y aislamientos en la población laboral.
• Garantizar la continuidad de los servicios públicos no solo en salud, sino también en seguridad, control de tránsito aéreo, aduanas, entre otros.
• Gran cantidad de variantes genómicas de Ómicron que circulan en el país.
• Protección colectiva de la población que aún no tiene acceso a la vacunación contra el virus (0-5 años), que podrían enfermar gravemente.
• Aumento de niños hospitalizados por COVID-19.
• Riesgo de nueva saturación de servicios hospitalarios.

Además, indicaron que se ha logrado evidenciar que los anuncios relacionados con la obligatoriedad y solicitud de esquema de vacunación para participar en eventos masivos, aumentaron los ritmos de aplicación de las dosis; mientras que la flexibilización de medidas sanitarias generó una desaceleración.

Sanciones laborales

En el decreto presidencial, también se le solicitó a la CNVE recomendar al Poder Ejecutivo "cuáles funcionarios pueden ser afectados ante el incumplimiento de la obligatoriedad en la actualidad", mediante estudios técnicos y estadísticos actualizados. Sin embargo, el órgano técnico de vacunación aseguró que no es posible realizarlos, debido a que es un área que no les corresponde abordar.

"Se escapa de las competencias y atribuciones legales de las cuales está provista esta comisión, que es de carácter eminentemente técnico en materia de salud, y que por ello no tiene potestad ni facultades para referirse a un régimen sancionatorio en materia laboral", aseguró el documento.

Conclusiones

Basados en estos y otros criterios nacionales e internacionales, la comisión concluye que "existe evidencia científica relacionada con la vacunación contra la enfermedad por COVID-19, esta es la mejor intervención para disminuir la transmisión de la enfermedad y principalmente los casos graves y de mortalidad".

También indicaron que, en población adulta, la obligatoriedad es parte de una estrategia que contribuye a aumentar la vacunación.

"Por lo tanto, con base en la información disponible, no es posible recomendar, desde el punto de vista técnico, eliminar la obligatoriedad de vacunación para funcionarios del sector público", concluyó el documento.

En el decreto publicado, el Gobierno instó a los patronos a no aplicar sanciones a los trabajadores que no se quisieran aplicar las dosis, pero no eliminó su obligatoriedad.