La Defensa a la Defensoría

El arco de la república tiene como su principal dovela a la justicia. Cuando esa piedra central se desmorone, caerán las  columnas de la democracia. Y ya será muy tarde. Los señores magistrados y las señoras magistradas le siguen jalando el rabo a la ternera de la paciencia social.  Ningún magistrado tiene la imaginación para al menos proponer las reformas urgentes del carcomido sistema judicial. Llevan ocho años discutiendo un proyecto de ley orgánica y no saben cuándo acabarán.

Un defensor público de Alajuela, caminaba tras el estrado de la sala de juicios, frente a todas las demás partes, como si fuera el juez.  Una defensora pública de Goicoechea le pidió prestada la computadora a la fiscal, en una audiencia preliminar delante de las demás partes.  Los defensores públicos ingresan a los juzgados y a los tribunales tranquilamente, con el carné de “compañeros judiciales”.  En algunas ciudades comparten la misma casa: el juez, el defensor público y el fiscal. Y al día siguiente se enfrentan en un juicio. Las relaciones de total confianza y de cariño, entre las partes procesales judiciales, lo aceptemos o no, no son saludables para la administración de justicia penal. La corronga promiscuidad funcional y los tenues límites entre los juzgadores, los defensores públicos y los fiscales, no son propios de los Poderes Judiciales de las democracias avanzadas. 

El súper Poder Judicial de Costa Rica se ha convertido en un monstruo, por su tamaño y por sus desbordadas funciones.  Es el único poder judicial del mundo que controla la Corte Constitucional, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía Judicial, Medicina Legal y Laboratorios Forenses y por si fuera poco escoge a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, amén de la administración de justicia, obviamente. Sólo le falta  tener en su canasto a la Fedefútbol y a la Cruz Roja, pero aún sin éstas, es más que un estado dentro de otro estado. Sus jerarcas son vitalicios e intocables. Ellos son la voz de la constitución, de la policía, de la fiscalía, de los peritos y punto.

Vimos a un defensor público representando al cuñado millonario de un magistrado. Observamos otro defendiendo a su jefe magistral. ¿Pagarían los honorarios?   No es bueno que la Defensa Pública esté en el Poder Judicial. Ya es hora que sea instalada donde institucionalmente le corresponde, en la Defensoría de los Habitantes,  con todo su presupuesto y sus recursos humanos y materiales.

Empecemos a reconstruir el Poder Judicial, para que se encargue de la misión que le corresponde: Administrar Justicia, pronta y cumplida, y punto.  No es sano que Costa Rica tenga magistrados excesivamente poderosos y eternos.