De un hospital corrupto a un hospital privatizado

En el tablero nacional de la corrupción, desde hace muchos años, está encendida la luz roja del Hospital Calderón Guardia. La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía lo saben muy bien, y a sus jerarcas nos les da la gana hacer algo para enfrentar el "incendio de la indecencia".

Esas dos cuadras del Barrio Aranjuez de San José son el sitio geográfico de Costa Riva con la mayor tasa de corruptos por metro cuadrado. Ahí trabajan más de 900 médicos que no se dan cuenta o, si lo saben, pareciera que no les importa que "siete gatos bravos con botas de trapo verde" hayan convertido ese nosocomio en el averno del cohecho, la malversación y el peculado. 

Allí, en uno de los hospitales más importantes de Centro América, trafican órganos y sangre; esa mafia con gabacha se hincha de coimas millonarias y de fraudes con prótesis. Ahí hay jefes que no trabajan ni la quinta parte de sus jornadas laborales. Ahí les arreglan las naricitas y los cachetitos a las inquietas amantes de un jefe. Ahí los informes de los auditores los archivan en los ganchos del papel higiénico. 

La corrupción ya infectó a todo el tejido social y político de nuestra nación. La mayoría de las veces lo ha hecho silenciosamente, casi de manera imperceptible y dejando una enorme devastación en todos los niveles de nuestra maltrecha república. En pocas ocasiones estallan algunos casos que casi siempre culminan en un mudo escándalo de frustración y rabia, ante la impunidad de los sinvergüenzas. 

Baste recordar los oscuros años de la fanfarria demagógica de la protagonizada por un fiscal incapaz de llevar un juicio con rigor y seriedad.  El vano desgaste social producido por los más sonados casos de corrupción -desde la desaparición del empréstito inglés para construir el tren al Caribe- todavía no ha sido calculado. 

La charlatanería entonces derrochada por los principales mimos del Poder Judicial, causó tanto daño en las entrañas éticas del pueblo costarricense, que todavía nadie ha medido las consecuencias del desastre causado por Ministerio Público y de la administración de justicia.

La frustración popular, la contrariedad ciudadana y las carcajadas de los que disfrutan de tantas coimas  millonarias en dólares, mientras el dinero de los contribuyentes fue despilfarrado en juicios eternos e inservibles.

Ni la coqueta Procuraduría, ni la lenta Contraloría, ni el perezoso Ministerio Público han sido capaces de actuar eficazmente, frente a la añeja corrupción. Repletos de decenas de funcionarios con salarios de lujo, ni siquiera se imaginan qué hacer frente a los ataques constantes de lo pillos.  Son incompetentes, carísimos e irresponsables. 

Sus superiores ni siquiera se atreven a hablar claro; nunca han redactado un proyecto de reformas normativas para contar con las herramientas jurídicas que hacen falta y menos a renunciar por vagabundos. Para ellos lo importante es nada más aguantar hasta que logran una inmerecida y millonaria jubilación.

Ningún fiscal se ha tomado en serio el gran reto del Ministerio Público, después de los resonantes fracasos en los juicios más sonados de San José. Ninguno dice nada, ninguna ha podido denunciar el desastre, ni proponen hacer nada.

Así es más fácil, nadie cumple con su deber, aunque la patria se despeñe. Si las agencias estatales encargadas de combatir la corrupción,  actuaran con seriedad, sus jerarcas ha habrían renunciado. Entonces sino saben qué hacer frente a la pandilla de asaltantes de hospitales. pues que se vayan, pero que se vayan ahora.

Como si el saqueo hospitalario fuera poco, ahora los sinvergüenzas hablan de privatizarlo. Ya vieron que si lo han estado robando en pedazos es mejor robárselo todo. Y las incompetentes vagamundas: Contraloría, Procuraduría y Fiscalía siguen mondas y lirondas.