La Corte Suprema de Reino Unido dictamina que el gobierno no puede activar el Brexit sin consultar al Parlamento
La máxima instancia judicial británica decidió que la primera ministra Theresa May no puede poner en marcha el proceso de negociaciones para la salida de la Unión Europea sin la previa aprobación de ambas cámaras. ¿Qué pasa ahora?
La Corte Suprema, la máxima instancia judicial británica, dictaminó este martes que el gobierno de la primera ministra Theresa May no puede activar el "Brexit", la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), sin consultar antes al Parlamento.
La Corte, por una mayoría de 8 magistrados contra 3, rechazó el recurso presentado por el gobierno contra un dictamen anterior del Tribunal Superior de Londres, que el pasado 3 de noviembre estableció que los legisladores debían ser consultados antes de invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el cual inicia el proceso de negociaciones para la salida de la UE.
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Los 11 jueces de la Corte Suprema decidieron además en forma unánime que no es necesario consultar a los gobiernos locales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y que estas administraciones regionales no tienen derecho de vetar el artículo 50.
Los argumentos de Ginna Miller
El Tribunal Superior había fallado en noviembre a favor de la empresaria Ginna Miller, quien en representación de un grupo de ciudadanos presentó un recurso ante la Justicia alegando que May no podía comunicar a Bruselas que activaba el artículo 50 sin una votación previa de la Cámara de los Comunes.
Los abogados de Miller argumentaron que la salida de la UE supone que los británicos perderán derechos adquiridos con la entrada del país en la Unión Europea en 1972, entonces Comunidad Económica Europea (CEE), y sólo el Parlamento puede retirar esos derechos.
El gobierno, por su parte, había afirmado en su apelación que podía activar el artículo 50 ejerciendo poderes ejecutivos denominados "prerrogativas reales", agregando que en Reino Unido el poder es ejercido de forma dual por el Parlamento y el Ejecutivo.
El gobierno también argumentó que el referendo del 23 de junio de 2016 le daba el mandato suficiente para negociar el Brexit sin una votación previa del Parlamento.
En dicha consulta, el 51,9 % de los participantes votó a favor de abandonar la UE, frente a 48,1% a favor de permanecer en el bloque.
Ataques personales
Luego del anuncio del dictamen, Ginna Miller le dijo a la prensa: "Sólo el Parlamento puede conceder derechos y sólo el Parlamento puede quitarlos".
Miller recalcó que su demanda nunca intentó revertir el resultado del referendo, sino garantizar los derechos de los británicos.
"No es una cuestión de política sino de la legalidad del proceso", afirmó.
La empresaria también agradeció mensajes de apoyo ante el alto nivel de abuso personal dirigido en su contra "sólo por plantear una pregunta legítima".
En declaraciones anteriores a la BBC, Miller dijo que denunciaría a la policía amenazas en su contra de violación e incluso decapitación por haber presentado la demanda.
Por su parte, David Greene, abogado de Deir dos Santos, ciudadano británico oriundo de Brasily codemandante junto a Miller, dijo tras conocerse el fallo que el intento del gobierno de impedir una votación del Parlamento antes de invocar el artículo 50 era "contrario a la democracia".
¿Qué sucede ahora?
Al anunciar el dictamen este martes, el presidente de la Corte Suprema, David Neuberger, aclaró que la decisión del tribunal no afecta el resultado del referendo a favor del Brexit, ya que atañe sólo al mecanismo constitucional para abandonar la UE.
Jeremy Wright, fiscal general del gobierno, dijo que éste "acepta el fallo de la Corte y hará todo lo necesario para implementarlo".
David Davis, ministro a cargo del Brexit, dijo luego del dictamen que el gobierno presentará un proyecto de ley "en cuestión de días". Davis agregó que la moción será "simple y directa".
Algunos analistas señalan que el gobierno presentará en el Parlamento un proyecto de ley muy breve, incluso de una línea, para acelerar el proceso de la salida de la UE y mantener el calendario presentado por May, quien afirmó que invocará el artículo 50 antes de fin de marzo.
La activación del artículo 50 inicia un proceso de un máximo de dos años de duración, por lo que Reino Unido habrá abandonado el bloque en 2019.
El Partido Laborista, principal grupo de oposición, indicó que no tiene previsto bloquear la puesta en marcha del artículo 50.
Sin embargo, el líder de la agrupación, Jeremy Corbyn, dijo que buscará enmiendas a la moción que el gobierno presente ante el Parlamento.
La principal enmienda busca asegurar que el gobierno someta a aprobación del Parlamento no un tratado ya firmado con la UE, sino el borrador, de forma que los parlamentarios puedan influir en el contenido del acuerdo final.
¿Puede el Parlamento bloquear el Brexit?
Tanto la Cámara de los Comunes como la Cámara de los Lores deberán votar a favor de la propuesta del gobierno, aunque no está claro qué tipo de moción presentará el gobierno ante el Parlamento.
El corresponsal de asuntos parlamentarios de la BBC, Mark D'Arcy, dijo que la moción podría ser aprobada en la Cámara de los Comunes hacia mediados de febrero, antes de ser enviada a los Lores, que tendrán suficiente tiempo para darle luz verde antes de fin de marzo.
Si bien algunos parlamentarios quieren retrasar el calendario propuesto por May, la mayoría de los legisladores quiere que la salida de la UE se concrete antes de las próximas elecciones británicas previstas para mayo de 2020.
En teoría, el Parlamento podría bloquear el Brexit, pero los analistas señalan que esto no es nada probable.
No sólo el Partido Laborista señaló que no intentará detener la invocación del artículo 50.
Dentro del propio oficialismo sólo un parlamentario conservador, Kenneth Clark, ha dicho que votará en contra del artículo 50.
El Partido Conservador tiene mayoría en la Cámara de los Comunes.