POR Luis Jiménez | 16 de junio de 2021, 10:41 AM

Los 30 detenidos como sospechosos del caso "Cochinilla", que involucra a funcionarios públicos y de empresas constructoras privadas por supuestos actos de corrupción en obras viales, cumplen ya 10 horas en audiencia.

La diligencia, que se desarrolla en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del II Circuito Judicial en Goicoechea, San José, inició el martes a la 1 p. m. y fue suspendida minutos después de las 9 p. m.

Este miércoles se reanudó a las 9 a. m. y, según indicó la Fiscalía a Teletica.com, se desconoce por cuánto tiempo se extenderá.

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“La Fiscalía Anticorrupción informó que anoche (martes) se suspendió la audiencia de medidas cautelares y se reanudó este miércoles. No es posible saber cuándo va a terminar, porque depende de la dinámica de esta. La audiencia es privada, por lo cual no se podría informar con detalle cómo avanza en este momento”, señaló el Ministerio Público.

En declaraciones dadas a Telenoticias, los abogados defensores de los jerarcas de las constructoras Meco y H. Solís, Eric Ramos y Juan Marco Rivero, aseguran que la prueba contra sus clientes está muy débil y creen que se ha precipitado la investigación.

“La prueba está muy débil y se ha precipitado la investigación, además hay una ilegalidad en las escuchas telefónicas porque esto se usa en casos de narcotráfico y homicidios. No es posible que sigan allanando las oficinas mientras ellos no están ya que lo ideal es que los propietarios o encargados estén para no alterar la evidencia”, comentaron los abogados.

Declaración de abogados

Además, consideran que no cabe la prisión preventiva contra los sospechosos porque tienen trabajo, así como domicilio fijo y otros arraigos.

El Ministerio Público indicó que, por disposición de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, se detallará el tipo de medida a solicitar, a cada una de las 30 personas imputadas, hasta que finalice la audiencia.  

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La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan supuestos delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). 

Los delitos que se investigan son cohecho propio, tráfico de influencias, estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso. Otros delitos podrían incluirse conforme avance la investigación.