Michael Soto asumió de manera interina, este jueves 30 de octubre, la Dirección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de la suspensión temporal de Rándall Zúñiga.
Zúñiga fue separado de su cargo el miércoles por la tarde, después de que los magistrados de la Corte Plena acordaran suspenderlo por 15 días naturales, mientras se investigan denuncias en su contra por presunta violación.
“Don Michael es quien asume”, confirmó la oficina de prensa del OIJ a Teletica.com.
La medida “provisionalísima”, adoptada por los magistrados en una sesión extraordinaria, tiene como objetivo permitir que la investigación avance y se recopilen los elementos de prueba necesarios para valorar la aplicación de una medida cautelar de mayor duración.
“La Corte Suprema de Justicia garantiza la continuidad y el normal funcionamiento del Organismo de Investigación Judicial, cuya labor en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad se mantiene firme, comprometida y al servicio del país”, señalaron los magistrados.
Soto se desempeñaba como jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ y, desde abril de 2024, ocupaba de manera interina la Subdirección de la Policía Judicial. En ese momento sustituyó a Gerald Campos, quien renunció al cargo para continuar como ministro de Justicia, puesto que ejerce desde 2022 tras la llegada de Rodrigo Chaves a la Presidencia de la República.
Campos decidió permanecer al frente del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) el pasado 2 de abril y presentó su renuncia al Poder Judicial, luego de que la Corte Plena rechazara extender el permiso sin goce de salario que le había sido otorgado para integrar el gabinete presidencial.
Actualmente, la plaza de subdirector del OIJ permanece vacante, a la espera de que la Corte Suprema de Justicia designe al sustituto de Campos.
Rándall Zúñiga, investigado por el presunto delito de violación, asumió como director de la Policía Judicial desde el 28 de agosto de 2023.
En medio de la crisis de seguridad actual y la tensa dinámica entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, analistas políticos reconocen que las acusaciones contra el director del OIJ son un golpe reputacional directo a la labor judicial.