La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial logró dejar oficialmente en manos del Estado más de $6 millones del caso "Ecoteva".
La suma, decomisada a la sociedad Ecostate Consulting Group S.A pasó a ser parte de las autoridades costarricenses por carecer de causa lícita tras una sentencia en abril de este año.
En 2013, el Ministerio Público inició una investigación penal, por el aparente delito de legitimación de capitales, en contra de Alejandro Toledo, expresidente de Perú, su suegra y el encargado de seguridad durante su gobierno.
"De acuerdo con la investigación, empleados de un banco privado costarricense habrían ofrecido facilidades en la tramitología para que los imputados ingresaran y diversificaran en el sistema financiero costarricense aproximadamente $20.000.000, dinero que había sido otorgado a Toledo y sus colaboradores por parte de la empresa brasileña Odebrecth, esto dentro del marco de un caso de megacorrupción que salpicó varios países latinoamericanos", detallaron las autoridades.
El proceso en contra estas tres personas se mantiene abierto y, a su vez, son procesadas en Perú.
Esta figura pretende perseguir aquellos bienes y valores sobre los cuales las autoridades tienen sospechas razonables de que provienen o fueron adquiridos por medio de actividades delictivas o ilícitas.
No tiene como objetivo juzgar a personas ni lograr condenas penales.
"Se busca impactar en los patrimonios que tienen la apariencia de haber sido obtenidos ilegalmente y cuyo titular no puede justificar su procedencia lícita", indicó la Fiscalía.
Según registros, durante 2022 se presentaron 45 demandas de esta índole, mientras que, en lo que va de 2023, la cifra alcanza las 31.