POR Susana Peña Nassar | 26 de junio de 2021, 9:16 AM

Este sábado dictarán las medidas cautelares contra 28 investigados por el caso "Cochinilla".

Estas personas se encuentran detenidas en celdas judiciales desde el pasado lunes 14 de junio.

13 días después y tras una maratónica audiencia, hoy a la 1:30 p. m. conocerán la decisión del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.

La Fiscalía investiga si empresas constructoras privadas pagaron dinero, entregaron carros, terrenos o facilitaron favores sexuales a cambio de recibir, de parte de funcionarios públicos, un trato especial en la adjudicación de contratos de obra pública.

El Ministerio Público pidió un año de prisión preventiva contra 14 de los 28 detenidos, alegando peligro de fuga, obstaculización del proceso investigativo y continuidad delictiva.

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Esas 14 personas son las siguientes: Carlos Cerdas (presidente de MECO), Mélida Solís (dueña de H. Solís), Abel González (gerente general de MECO), Alejandro Bolaños (representante legal MECO), Óscar Martínez (ITP), Carlos Solís (exgerente financiero de Conavi), Tobías Arce (MECO), Carmen Madrigal (Conavi), Hugo Fallas (Conavi), William Herrera (Constructora Herrera), Alister Cervantes (Diccoc), Elsie Carmona (Conavi), Harold Mora (Conavi) y Juan Carlos Abarca (H. Solís).

Por su parte, contra otros 16 investigados, la mayoría funcionarios públicos, se solicitaron medidas que no implican la privación de libertad. 

Se trata de Bonilla Guillén, Chaves Mora, Rojas Monge, May Cantillano, Zamora Zamora, Rodríguez Araya, Sánchez Castro, Rivera Campo, Quesada Pérez, Ortiz Vega, Lobo Bejarano, Castro Rodríguez, Monge Hernández, Quesada Aguirre, Solís Vargas, Ureña Villalobos.

“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que, contra 16 personas imputadas en la causa 19-000025-1218-PE, solicitó las siguientes medidas cautelares: no acercarse a los testigos de la causa al menos a 500 metros, firmar una vez al mes y prohibición de salir sin autorización del país”, indicó el Ministerio Público.

Además, contra los investigados que tienen un puesto en la función pública se solicitó la suspensión del cargo y para quienes no son funcionarios, se pidió ordenar la prohibición de realizar contratos con la Administración Pública.

Al menos dos de los sospechosos ya fueron liberados con medidas cautelares, ya que su audiencia se realizó de manera independiente.

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