Familias y comerciantes convivían diariamente con una toma ilegal de combustible instalada a tres metros de profundidad de sus hogares y negocios, conectada de forma clandestina al poliducto de Recope.
"Una comunidad entera, incluyendo familias con niños y adultos mayores, dormía cada noche sobre una bomba de tiempo sin saberlo", dijo la institución.
El hallazgo se dio este miércoles 6 de agosto, tras un operativo conjunto entre Recope, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Cuerpo de Bomberos, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Fiscalía y la Policía Municipal de Alajuela.
La detección fue posible tras una alerta emitida por el sistema de seguridad del poliducto, que activó un protocolo de inspección inmediata, información que coincidió con una denuncia confidencial ingresada a la línea 1-0-0-2, lo que permitió iniciar una investigación que se extendió por cinco meses.
Durante la diligencia policial, se logró localizar la conexión ilegal y se confirmó que el combustible sustraído era almacenado en una propiedad sin ninguna condición de seguridad, exponiendo a la comunidad a una potencial explosión o incendio de proporciones devastadoras.
“Gracias al trabajo activo de nuestro equipo y a los niveles de análisis que hemos desarrollado, logramos actuar antes de que ocurriera una tragedia. Estamos hablando de un riesgo mortal para muchas personas inocentes”, comentó Karla Montero, presidenta de Recope.
Entre el 1.º de marzo y el 29 de mayo de este año, la organización criminal detrás de esta operación habría robado cerca de 284.954 litros de combustibles, entre diésel, gasolina súper y regular, cantidad que equivale al contenido de nueve cisternas de 32.000 litros cada una.
"El perjuicio económico estimado supera los ₡100 millones, sin contemplar los gastos relacionados con la reparación del poliducto, la inspección técnica y el despliegue operativo de las autoridades", señaló Recope.
Según la institución, desde 2020, cuando entró en vigencia la Ley 9852, que penaliza el apoderamiento ilegal de combustibles, han presentado 848 denuncias; sin embargo, solo 57 personas han sido sentenciadas por este delito.
Hasta el momento, por este caso no hay personas detenidas.