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Sucesos
Condenan a subjefe de Fuerza Pública por usar patrullas para asuntos personales
El exfuncionario, además, deberá pagar ₡4,3 millones por el daño social ocasionado, las costas procesales y honorarios profesionales derivados del proceso.
POR José Fernando Araya | 10 de noviembre de 2026, 9:50 AM
El subjefe de la Fuerza Pública de Flores, Heredia, de apellidos Solís Blanco, fue condenado a tres años de prisión por utilizar vehículos oficiales y personal policial para atender asuntos personales en tres ocasiones.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acreditó su responsabilidad en tres delitos de peculado de uso, luego de demostrar que el exfuncionario dispuso de recursos del Ministerio de Seguridad Pública para actividades ajenas a sus funciones.
El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó la sentencia el pasado 19 de octubre. Además de la pena de prisión, el condenado no podrá ejercer cargos, empleos o funciones públicas durante tres años.
El tribunal le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena por ese mismo período. Esto significa que no deberá descontar la prisión, siempre que cumpla las condiciones impuestas y no cometa un nuevo delito.
La investigación permitió comprobar que el exsubjefe policial utilizó unidades de la Fuerza Pública para tres diligencias personales.
Entre ellas, trasladarse a una reunión privada en un hotel de Santo Domingo de Heredia; solicitar que lo recogieran en su vivienda, ubicada en Alajuela, y desplazarse hasta su casa para buscar unos lentes de uso personal.
En la sentencia, el Tribunal concluyó que estas actuaciones constituyeron un uso indebido de bienes y servicios públicos, pues los recursos fueron destinados a fines distintos de aquellos para los que estaban asignados.
Los jueces también determinaron que el exfuncionario aprovechó su posición jerárquica para disponer de oficiales subordinados en actividades que no correspondían al servicio policial.
El fallo señaló que estas conductas vulneraron los principios de probidad, legalidad y correcta administración de los recursos del Estado.
Deberá pagar ₡4,3 millones al Estado
En el ámbito civil, el Tribunal declaró con lugar la demanda resarcitoria presentada por el Estado, al determinar que las acciones del condenado provocaron un daño social.
Según la resolución, el uso de recursos públicos para fines particulares afectó la imagen institucional del Ministerio de Seguridad Pública, la confianza ciudadana en la función policial y la credibilidad de la Administración Pública.
Por ese motivo, el exfuncionario deberá pagar ₡4.326.000, distribuidos de la siguiente manera:
₡3.000.000 por concepto de daño social.
₡600.000 por costas personales.
₡726.000 por honorarios profesionales de la querella.
A esos montos se suman los intereses legales correspondientes.
La Fiscalía recordó que el uso de vehículos oficiales y de personal subordinado para fines particulares configura el delito de peculado de uso, incluso cuando no exista una apropiación definitiva de los bienes públicos.
El caso se tramitó bajo el expediente 24-000005-1880-PE.