POR Mónica Matarrita | 22 de julio de 2026, 19:14 PM

Un reporte elaborado desde 2018 ya vinculaba al entonces jefe de la Policía Penitenciaria del centro penal de Pococí con presuntos casos de corrupción e introducción de droga a la cárcel, según consta en el expediente del denominado caso Dalila.

Así lo revela la investigación que permitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Fiscalía de Siquirres desarticular una violenta organización dedicada al narcotráfico que operaba en la zona.

De acuerdo con las autoridades judiciales, este grupo tenía como uno de sus principales objetivos el ingreso de droga a centros penitenciarios, una actividad que generaba importantes ganancias económicas. Según el OIJ, la venta de apenas 150 gramos de cocaína dentro de prisión podía representar ingresos cercanos a los ₡6 millones.

El expediente señala que dentro del sistema penitenciario había al menos tres integrantes de la organización identificados con los apellidos Cubero, Romero y Bravo, quienes presuntamente recibían la droga para comercializarla y fortalecer sus posiciones de poder dentro de los centros penales.

Según el documento judicial, los privados de libertad que buscan consolidar estructuras de poder dentro de las cárceles recurren a terceros conocidos como “pasantes”, quienes serían los encargados de introducir sustancias ilícitas o teléfonos celulares a los centros penitenciarios.

La investigación detalla que estos colaboradores ingresan los artículos bajo la apariencia de visitas a determinados privados de libertad; sin embargo, los productos terminan en manos de los líderes de las organizaciones criminales, quienes posteriormente los distribuyen y comercializan dentro de los recintos.

La investigación también concluyó que varios funcionarios penitenciarios detenidos presuntamente facilitaban el ingreso de droga a los centros penales e incluso alertaban a privados de libertad sobre investigaciones en curso.

Entre los sospechosos figura el jefe de la Policía Penitenciaria de Guápiles, quien, según el expediente, ya aparecía mencionado en informes previos.

El documento judicial indica que uno de los investigados sería el director del centro penal Carlos Luis Fallas, de apellidos Mora Fallas, a quien se le decomisó un teléfono celular como parte de las diligencias para ampliar la investigación.

Además, el expediente señala que el funcionario ya contaba con una alerta emitida por el Departamento de Justicia del Ministerio de Seguridad Pública, en la que se le vinculaba con presuntos casos de corrupción e introducción de droga a un centro penal desde el año 2018.

Telenoticias consultó sobre este señalamiento a la oficina de prensa del Ministerio de Justicia y Paz. No obstante, al cierre de esta edición, la institución no había remitido una respuesta oficial.

Mientras tanto, los 34 sospechosos detenidos en el marco del caso Dalila permanecían a la espera de conocer las medidas cautelares que eventualmente les impondrá el Poder Judicial.