El Ministerio Público informó, este martes, que cinco allanamientos continúan activos en las empresas constructoras Meco, H. Solís y Cacisa, así como en oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Tras el operativo denominado “Cochinilla”, que implicó allanamientos en 57 puntos del país, se logró detener a 30 personas que estarían involucradas en supuestos actos de corrupción, relacionados con proyectos de obra pública.
“Del total de operativos ejecutados este lunes, se mantienen cinco activos: dos oficinas del Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y en las empresas Meco, H. Solís y Cacisa. Las 30 personas detenidas se encuentran en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del II Circuito Judicial de San José”, señaló la Fiscalía.
Entre los detenidos figuran altos jerarcas de las empresas constructoras Meco, H Solís, Casisa, Constructora Herrera, ITP, Constructora Montedes y Alsofrutales.
También investigan a funcionarios de la Contraloría General de la República, Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), MINAE y Casa Presidencial.
Los imputados, a quienes se les tomó la declaración este lunes, están a la espera de que se programe una audiencia de solicitud de medidas cautelares.
“Hasta el momento se ha logrado el decomiso de prueba de interés para el caso, como información documental de tipo contable y económico, y evidencia de tipo electrónica como tabletas, celulares y computadoras. Este presunto grupo criminal, en apariencia, se dedicaba a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Conavi”, agregó la Fiscalía.
La investigación se da por los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias, estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso; sin embargo, conforme avancen las pesquisas se podría incluir otros.
En apariencia, los ahora detenidos habrían montado una red para favorecer a las empresas privadas en la contratación de obra pública, generando una presunta malversación de fondos por 78 mil millones de colones.