POR Jason Ureña | 12 de agosto de 2026, 6:43 AM

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició una revisión del criterio emitido por la Contraloría General de la República (CGR) sobre el contrato que mantiene con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por el desarrollo del expediente digital. 

La revisión fue ordenada por la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, en un oficio con fecha del 29 de julio, y al que tuvo acceso Telenoticias. 

"Se solicita a sus unidades realizar un análisis integral del contenido del oficio de referencia, con el propósito de identificar y adoptar las responsabilidades, acciones y compromisos que les corresponde asumir en el marco de las contrataciones directas entre el ICE y la CCSS, y emitan los criterios que se requieran, ante la Gerencia Médica y la Dirección Tecnologías, Información y Comunicación, para la respuesta articulada institucional", se lee en la nota. 

La jerarca ordenó a esos departamentos coordinar las gestiones necesarias para su adecuado desarrollo e implementación de esta orden.

La CGR, había ordenado establecer y divulgar los controles necesarios para que los funcionarios responsables verifiquen y documenten el cumplimiento de los requisitos generales y específicos en las contrataciones entre entes de derecho público. 

El ente analizó las contrataciones del ICE con 10 entidades, incluyendo la CCSS, e identificó la participación de terceros en la administración de los contratos, por ejemplo, en el caso del expediente digital único en salud (EDUS). 

Ambas instituciones firmaron el contrato en diciembre de 2013; y en enero de 2014, el ICE suscribió un acuerdo comercial con la Corporación FONT S.A., bajo la figura de asociación empresarial, con el fin de “…regir las condiciones contractuales del Servicio a brindar por parte del Empresario Comercial al ICE, para el suministro al cliente".

"​En conclusión, el uso ilegítimo de la excepción de contratación directa entre entes de derecho público como vehículo para incorporar a sujetos privados mediante asociaciones empresariales constituye una práctica ilegítima que desnaturaliza la esencia y los presupuestos de dicha causal", concluyó la Contraloría en el informe DFOE-CIU-0287 con fecha del 28 de julio.

La presidenta de la Caja, dio plazo al 20 de agosto para que los departamentos encargados de la revisión, emitan un criterio ante la Junta Directiva de la institución.

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