Internacional
Un tercio de escolares del mundo carecen de acceso a agua potable, revela Unesco
"A escala mundial, cerca de una de cada tres escuelas no tiene agua potable (...). Una de cada tres escuelas no tiene instalaciones sanitarias básicas".
La entrada en vigencia de la Ley 9.999 para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad en el Sistema Educativo Costarricense ha creado un temor que amenaza el adecuado desempeño de los docentes y estudiantes en el entorno educativo.
Según las y los profesores, si bien es cierto la comunidad estudiantil está compuesta mayoritariamente por menores con principios y valores; esta Ley ha sido utilizada de mala fe por algunos cuantos, quienes denuncian a un funcionario público en busca de beneficios particulares.
La Ley establece que el docente o funcionario educativo que sea denunciado por maltrato físico, emocional, abuso sexual, o trato corruptor, será removido de sus funciones habituales de manera inmediata, hacia tareas administrativas, mientras finaliza la investigación y se toma un veredicto.
Los docentes señalan que esta Ley ha venido a perjudicar el convivio a lo interno debido a que, hoy en día, algunos profesionales prefieren no corregir a un menor o darle una calificación baja por temor a represalias.
Por otra parte, buscar alternativas al problema de las denuncias dentro de los centros educativos no es tarea sencilla, porque tampoco se puede dejar de prestarle atención a cada denuncia que se haga; el menor es una persona vulnerable y sus derechos están blindados dentro de las regulaciones costarricenses.
En este reportaje mostramos cuáles son los puntos que han creado temor en los profesionales y qué dicen las diferentes representaciones acerca de una posible alternativa equilibrada para todas las partes.