La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) levantó la voz contra el proyecto de ley que obligaría a los bancos y demás entidades financieras a indeminizar a los clientes que sean víctimas de estafa.
En un comunicado de prensa, la SUGEF aseguró que el expediente 23.908, que se votaría este miércoles en segundo debate, tiene “defectos graves de diseño que impedirían que la ley cumpla la protección prometida”.
“La SUGEF reafirma y comparte la urgencia de proteger a las personas usuarias ante los delitos electrónicos. No obstante, toda política pública responsable debe traducirse en una ley aplicable y coherente con la legislación vigente”, dijo la superintendencia.
Entre los riesgos identificados, la SUGEF aseguró que la propuesta, en su redacción actual, propone que la superitendencia “valide”, en plazos muy reducidos, casos complejos con base en expedientes técnicos elaborados por las entidades financieras “sin establecer un procedimiento claro que garantice un contraste adecuado de las posiciones de ambas partes y de la evidencia correspondiente”.
“Esto puede desplazar el conflicto hacia la vía judicial y generar demoras, costos y frustración para las partes afectadas”, cuestionó la entidad.
Además, aseguró que “desnaturaliza” el rol de la SUGEF al asignarle funciones propias de un tribunal que no son las que tiene establecidas por ley.
También señaló que la propuesta podría dejar al usuario en una desventaja práctica y aumentar la desigualdad real entre las partes si se toma en cuenta las diferencias de capacidad técnica y recursos para sostener un proceso.
“El proyecto promueve una ilusión de seguridad que podría no materializarse, debido a su inviabilidad operativa y a los riesgos legales que plantea. Esto podría traducirse en una ley inoperante en la práctica, alejándose de una protección efectiva para la persona usuaria”, sentenció SUGEF.
La superitendencia solicitó a los diputados suspender el avance del proyecto y no votarlo en segundo debate, someterlo a una consulta de consitucionalidad y corregir las inconsistencias que, según la autoridad, tiene el texto.