El Congreso votó este lunes, por unanimidad, el tercer debate de la reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses en casos de narcotráfico o terrorismo.
Esto significa que esta misma semana los diputados podrían realizar los restantes dos debates y con esto reformar el artículo 32 de la Constitución Política, que a partir del cambio se leería así:
“Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia, con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes”.
Hoy, la Constitución prohíbe que un costarricense sea expulsado del territorio nacional, sin que exista ninguna condicionante añadida.
La propuesta, tramitada bajo el expediente 23.701, fue presentada por la oficialista Pilar Cisneros a inicios de 2023 y se ha convertido, desde entonces, en una de las prioridades de los supremos poderes en la agenda para combatir la histórica crisis de inseguridad que enfrenta el país.
El proyecto ya había recibido segundo debate el año anterior y estaba a la espera de que el presidente Rodrigo Chaves lo mencionara en su informe de labores presentado la semana anterior para así abrir la posibilidad de discutirse en una segunda legislatura, tal y como demanda la ley.
Los diputados insistieron, durante su discusión, que la reforma deberá respetar varias condiciones fundamentales, como por ejemplo el no perseguir delitos que no existan en la legislación costarricense ni aplicar penas mayores a las nuestras, por ejemplo, cadena perpetua o la pena capital (muerte).
En ese punto, la reforma estila que los únicos delitos a perseguir serán el terrorismo y el narcotráfico, pues aunque se discutió la posibilidad de ampliar esa lista, al final se decidió no hacerlo para evitar problemas de conexidad.