Los diputados de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor dictaminaron este jueves el expediente 22.448, que reforma la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor para incluir en esta a las personas con síndrome de Down mayores de 40 años.
Puntualmente, la propuesta de la diputada oficialista Catalina Montero y otros legisladores es que esa edad mínima de 65 años se adelante para esta población en virtud del envejecimiento prematuro que padecen por la genética propia de su condición.
Actualmente, la expectativa de vida de las personas con síndrome de Down ronda los 60 años, de manera que la mayoría no logra beneficiarse de esa ley.
La iniciativa fue construida a partir de la solicitud que realizó la Asociación Síndrome de Down Costa Rica para atender ese vacío legal que existe actualmente y que impide a esta población acceder a programas y beneficios que mejoren su calidad de vida y las de sus familias.
“Por su condición, estas personas presentan un envejecimiento prematuro que se estima en 20 años y tienen una expectativa de vida que ronda los 60, entonces, aunque cada vez esa edad aumenta por los avances en la medicina y la calidad de vida, no se escapaban de ese envejecimiento prematuro pero sí de los beneficios que da la Ley de la Persona Adulta Mayor.
“Estamos hablando de la posibilidad de acceder a centros diurnos, a un montón de programas de salud, a tratos preferenciales y otros privilegios que hoy sí tienen los adultos mayores y que podrían impactar significativamente no solo a esta población sensible, sino también a sus familiares”, explicó la presidenta de la asociación, Rosette Kleiman.
Kleiman aseguró que existe un enorme vacío en la atención de esta población luego de cierta edad porque la Ley 7600 los cobija de manera general y no específica, mientras que la del adulto mayor no alcanza a impactarlos a la edad correcta.
“Por ejemplo las personas con síndrome de Down no son beneficiarios de una pensión solo por su condición, como pasa por ejemplo en los casos de parálisis cerebral, en estos casos se da pero para familias en situación de pobreza.
“En el otro extremo, hace algunos años, se aprobó una reforma para que aquellos que laboren puedan acogerse a una pensión adelantada del IVM con la mitad de las cuotas, pero hoy esos son una minoría, de manera que sí existe un vacío también ahí”, añadió la presidenta.
Montero, por su parte, señaló la importancia del acceso que esta reforma traería a una serie de beneficios que aplicarían tanto para la esfera pública como para la privada.
“Es fundamental que esta condición se les reconozca y se les dé acceso a una red de servicios, beneficios y apoyos que están dispuestos por el Estado y las organizaciones privadas para las personas adultas mayores. Esta población tiene derecho a envejecer bien, y es responsabilidad del Estado darles acceso a los recursos que garanticen su bienestar de manera oportuna”, dijo.
Con el dictamen afirmativo, el proyecto pasará a su trámite en el Plenario Legislativo para su discusión y eventual votación necesaria para convertirse en ley.