El presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, aseguró que el recorte y condicionamientos que planteó el Ministerio de Hacienda al Poder Judicial es un “mazazo a la democracia” y una “afectación severa al Estado de derecho”.
Lo hizo en medio de la tensa audiencia en la que los jerarcas del Poder Judicial defendieron, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el presupuesto que ese poder tendrá para el año 2027.
En la audiencia, Aguirre explicó que los efectos de esa disminución de ₡10.542 millones en el presupuesto, más el congelamiento de otros ₡29.843 millones que estarán sujetos al cumplimiento de condiciones definidas por Hacienda, afectarían a todo el aparato judicial y con esto a la prestación de justicia.
“Esos efectos van a recaer en los usuarios, ya no podrán hacerse allanamientos, las audiencias tendrán que suspenderse e incluso cerrar juzgados, porque si no podemos utilizar una plaza de un juez que es interino, tendremos que cerrarlo”, dijo Aguirre.
La exigencia del magistrado presidente fue restituir el recorte y eliminar las cuatro normas presupuestarias que calificó como “atípicas e inconstitucionales”.
“Con cuatro normas formuladas como de ejecución presupuestaria, pero que en realidad son de naturaleza política y que se han introducido con el fin de ubicar a la Asamblea Legislativa como coadministrador de algunos de los recursos judiciales.
“No tendremos flexibilidad en el manejo de nuestros gastos, sino que tendremos que vernos obligados a buscar autorizaciones de órganos externos. Tenemos que venir aquí a la Asamblea a que nos autoricen gastos que ya están autorizados, parece mentira: el presupuesto es una autorización de gasto, pero aquí se autoriza y se dice ‘si lo va a aplicar, tiene que venir aquí para decirle nosotros si lo puede hacer o no lo puede hacer’”, criticó Aguirre.
Efectivamente, el proyecto presentado por la cartera de Rodrigo Chaves incluye cuatro condiciones para la ejecución de esos casi ₡30 mil millones, además de cuestionar el uso de casi 2.500 plazas vacantes, pero que están ocupadas por funcionarios interinos.
“¿No les parece que esta es una forma de darle herramientas al Poder Ejecutivo para hacer obstrucción de la Justicia? ¿No debería haber una investigación de cómo se puede usar esto para frenar investigaciones contra altos cargos investigados por corrupción o crimen organizado?”, cuestionó el frenteamplista José María Villalta.
La liberacionista Ángela Aguilar adelantó ante el órgano que ya presentó mociones para eliminar esas normas de ejecución, pero que en caso de que no se aprobaran, ya tiene redactada una consulta de constitucionalidad que presentará apenas sea dictaminado el proyecto.
¿Qué dice el oficialismo?
Los diferentes diputados de Pueblo Soberano en la comisión cuestionaron, entre otras, la subejecución presupuestaria del Poder Judicial, el fideicomiso para infraestructura y la potestad que tiene la propia Corte Plena para la distribución de recursos judiciales.
Sin embargo, los jerarcas judiciales explicaron, a detalle, cómo funciona ese fideicomiso, por qué existen remanentes presupuestarios y cómo el recorte, independientemente de la distribución, acabará impactando a toda la institución.
En ese intercambio, donde también estuvieron presentes el fiscal general, Carlo Díaz, y el director interino del OIJ, Michael Soto, se vivió también uno de los momentos más tensos, cuando el líder del oficialismo, Nogui Acosta, achacó una falta de respeto de Soto sobre el manejo de la discusión por parte del diputado.
Soto, posteriormente, le ofreció disculpas y dijo que fue un “exabrupto al calor del presupuesto”.
El Poder Judicial precisó que, de aprobarse el presupuesto en los términos actuales, las afectaciones se empezarían a notar en febrero próximo, incluso con el riesgo de una parálisis parcial o total.
Repase aquí la discusión completa: