¿Qué planes tienen los candidatos presidenciales para el Consejo Superior de Educación?

El más reciente informe del Estado de la Educación plantea la urgencia de reformar el Consejo Superior de Educación (CSE), después de recientes decisiones sin fundamento técnico, que profundizaron la crisis que atraviesa Costa Rica en ese sector.

Dicho estudio lamentó las consecuencias de la eliminación del Programa Nacional de Informática Educativa, así como del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, entre abril de 2023 y enero de 2025.

Ante esa situación, Teletica.com preguntó a los 17 candidatos presidenciales que han sido debidamente ratificados hasta la fecha, a fin de conocer sus planes al respecto.

Un total de 13 de los 14 aspirantes que respondieron al ejercicio coincidieron en la necesidad de actualizar algún aspecto relacionado con este órgano, al cual le corresponde la dirección general de la enseñanza oficial por mandato del artículo 81 de la Constitución Política. El único que no se aventuró en esa línea, señaló que primero requiere hacer una evaluación.

Si bien, cada candidato tiene su propuesta, la mayoría coincide en la necesidad de actualizar la forma en la que se compone el Consejo Superior, así como en su determinación de dotar al ente de mayor independencia.

Aunque Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), es uno de los que comparte esa tesis, cree que la forma en la que se deben llevar a cabo esos cambios debe darse durante la discusión de la eventual reforma.

Por su parte, Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (PFA), tiene claro que a ese órgano debe integrarse una representación de parte de la comunidad estudiantil.

La aspirante de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, mencionó que esa reforma forma parte un pacto nacional por la educación que pretende impulsar, en caso de llegar a la Presidencia de la República. Esas decisiones, enfatizó, deben de tomarse con base en "ciencia, técnica y visión a futuro".

Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), explicó que su plan de gobierno contempla otorgar mayor autonomía a esta instancia, tanto administrativa, operativa, como financiera, además de independencia técnica y de criterio. De igual forma, coincidió que debe revisar su composición, de manera que, por ejemplo, se prohíba que en ella se incluyan a funcionarios subordinados al Ministerio de Educación Pública (MEP) y que se cumplan criterios de representatividad y multidisciplinariedad.

Otra arista que propone tiene que ver con la creación de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, como la obligatoriedad de la publicación de las actas, así como la publicidad de los acuerdos y del seguimiento que se les dan.

En cambio, Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), apuntó que se debe actualizar la conformación para que el Consejo Superior pueda "responder a las necesidades del país". También hizo ver la necesidad de que este ente con su propio propuesto.

Para Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), resulta "indispensable" la modernización del marco de gobernanza del sistema educativo. En esa línea, cree que el órgano debe contar con mayor independencia, capacidad técnica y transparencia en la toma de decisiones. El actual diputado recordó que el objetivo de esa instancia debe ser la continuidad de políticas educativas más allá de los ciclos políticos.

Desde ya, Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional (PEN), apunta a empujar un proyecto de ley que reestructure el Consejo Superior. Este debe incluir, en primer lugar, la incorporación de un miembro más, para que las deliberaciones se lleven a cabo por mayorías, sin posibilidad de empates. Además, cree urgente cambiar su función y personalidad jurídica, para dotarlo de mayor pluralidad, despolitizarlo y orientarlo hacia la obtención de resultados. No descarta que además se deban crear algunas secretarías técnicas específicas.

José Aguilar, del Partido Avanza (PA), es el único candidato que no se mostró convencido de la reforma. Para él, su equipo y otros expertos deben hacer la valoración del caso primero, antes de definir una postura. No obstante, el aspirante se dijo consciente sobre problemas que han sido documentos, como los destacados por el Estado de la Educación.

A Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG), le parece que el órgano en la actualidad es percibido como "cerrado y poco representativo", por lo que considera que debe ampliarse su representación, para involucrar, por ejemplo, a los sectores productivos, las organizaciones cívicas y los padres de familia. En su opinión, este ente debe servir como un "foro plural" que aporte una visión del país y que vincule a la educación con el desarrollo humano, los valores cívicos y las necesidades de la economía.

Por su lado, Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS), apunta a transformar esta instancia, a través de una modificación de sus miembros, al incorporar expertos de reconocido prestigio en la materia, representantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare), del cuerpo docente electos por sus bases, del sector empleador, del sector social y del sector social-comunitario, además del titular del Ministerio de Educación, aunque con voto calificado (no decisorio).

También propone reenfocar el trabajo del Consejo Superior, para que se concentre en definir la política educativa nacional a largo plazo, aprobar los perfiles de salida del estudiantado en cada ciclo y establecer estándares de calidad y métricas de evaluación del sistema de enseñanza.

Para Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD), se debe actualizar la Ley de Creación del Consejo Superior de Educación y sus reglamentos, para mejorar la forma en la que se nombran sus integrantes, y para establecer una política clara de rendición de cuentas.

Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero (CR1), cree la mencionada legislación debe derogarse, para dar paso, en su lugar, a un Consejo Nacional de Justicia Educativa, con representación territorial, docente y técnica.

Considera que este órgano debe tener mandatos con indicadores de urgencia y priorización territorial, así como poseer capacidad de veto sobre políticas públicas educativas que atenten contra el desarrollo educacional. Asimismo, ese órgano debe abocarse a la renovación de todos los programas de estudio.

Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), señaló que la instancia debe estar integrada por profesionales de los sectores público y privado, con experiencia en Pedagogía, Tecnología y Gestión.

Mientras que Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad (PEL), indicó la importancia de que el órgano recupere su legitimidad, a través de procesos transparentes y una mejor representatividad de los sectores nacionales en su conformación. Sin embargo, también hizo ver la necesidad de un diagnóstico a fondo, por lo que se reservó otras potenciales reformas.

Para esta publicación, también se procuró conocer las posiciones de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR); y Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos (PUP). Sin embargo, ninguno atendió las consultas enviadas a sus equipos de prensa desde el pasado martes.

Nota del redactor: el orden en el que se mencionaron los candidatos corresponde a la última encuesta publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).

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