Nacional
Presidenta de Sala III: Ley de Ejecución de la Pena no invade competencias del Ejecutivo
Patricia Solano indicó ante los diputados que existe una “simbiosis” compleja entre jueces y administración penitenciaria que la ley buscaba ordenar.
El proyecto que pretendía obligar a personas privadas de libertad a trabajar pierde fuerza en el Congreso tras advertencias de inconstitucionalidad.
La iniciativa tramitada bajo el expediente 24.614 busca que las personas sentenciadas a prisión permanezcan ocupadas en labores o procesos de formación durante el cumplimiento de su condena (ver video en la portada).
Sin embargo, el proyecto se tambalea en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde ha recibido fuertes críticas y múltiples advertencias sobre posibles choques con la legislación vigente.
La presidenta de la Sala de Casación Penal y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, señaló que varios puntos del proyecto contravienen convenios internacionales suscritos por el país.
Asimismo, cuestionó la propuesta de destinar un 40% del incentivo económico que reciban las personas privadas de libertad al pago de su propia manutención dentro del sistema penitenciario.
A criterio de la magistrada, el proyecto no podría sostenerse ante la Sala Constitucional.
Ante este panorama, varios diputados se inclinan por el rechazo e incluso el archivo definitivo de la propuesta.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico definirá en los próximos días el futuro del proyecto.