POR Juan José Herrera | 30 de julio de 2026, 18:37 PM

13 diputados del Partido Liberación Nacional presentaron una segunda consulta de constitucionalidad al expediente 24.461, que actualiza el canon que deben pagar las empresas por el uso de las frecuencias de radio y televisión.

La gestión se suma a la consulta que ya había anunciado este miércoles la bancada del Frente Amplio, junto a otros legisladores de oposición, a ese mismo expediente.

La fracción verdiblanca defendió que la gestión no cuestiona integralmente el proyecto, pero sí pide a los magistrados revisar la constitucionalidad de la reforma que impulsa el Ejecutivo.

"Lo que se cuestiona es que el texto propuesto incorpora causales abiertas de extinción, restringe el alcance de la indemnización constitucionalmente garantizada, omite desarrollar un procedimiento específico que asegure plenamente el debido proceso y, en conjunto, configura un régimen susceptible de afectar injustificadamente la libertad de expresión, el pluralismo informativo, la seguridad jurídica y la confianza legítima de los concesionarios y de la ciudadanía", dice el documento.

La propuesta, que se votó el pasado lunes en primer debate, modifica el canon de radiodifusión actual para establecer una base imponible según los ingresos brutos anuales de cada emisor.

Así, aquellas empresas con ingresos inferiores a los 100 salarios base estarán exoneradas del cobro, mientras que las que superen esos montos tendrán un cobro escalonado que puede llegar a un máximo de 3,13% en el caso de las radioemisoras y de 7,73% para las televisoras.

Estos cobros se harán anualmente a quienes se les hayan asignado frecuencias del espectro radioeléctrico para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión de acceso libre y gratuito, independientemente de que hagan uso de dichas frecuencias concesionadas o no, aclara el proyecto.

Hasta ahora, las compañías de radio y televisión pagan un impuesto anual con tarifas proporcionales a su potencia.

En caso de acoger las consultas, los diputados deberán esperar a las valoraciones de los magistrados constitucionales para decidir si el proyecto puede votarse en segundo debate; o bien, ser modificado si fuera el caso.

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