OIJ será el más afectado por recorte que pretende Hacienda, advierte Poder Judicial

El Poder Judicial advirtió, la tarde de este viernes, de una fuerte afectación en la persecución penal, el combate contra la delincuencia y los servicios dirigidos a poblaciones en condición de vulnerabilidad, si se materializa el recorte de ₡23.722 millones que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, pedirá a la Asamblea Legislativa.

Mediante un pronunciamiento, publicado dos días después de que el también expresidente hiciera públicas sus intenciones, la Corte Suprema de Justicia ilustró el impacto que la rebaja en su presupuesto tendría en sus órganos auxiliares, si los diputados aprueban.

En esa línea, el comunicado de prensa señala que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) será el más golpeado con ₡9.536 millones de reducción y que la medida llega en un momento en el que esa entidad mantiene en curso pesquisas y operativos contra estructuras de crimen organizado, así como ha ejecutado importantes detenciones de líderes delincuenciales.

"Nos pone en una situación muy compleja, muy difícil, hacia el cierre del año, de tal forma que toda la actividad operativa va a ser afectada severamente en un momento muy complejo de la seguridad del país, donde incluso tenemos conflictividad importante en zonas como el Caribe, y preparándonos para hacer operativos para contrarrestar eso. Esta afectación es importante, es significativa, y no solo afecta al Organismo de Investigación Judicial, sino que afecta a toda la seguridad del país y, sin duda alguna, a los ciudadanos", apuntó el director general interino de la Policía Judicial, Michael Soto.

Pero el recorte también afectará recursos destinados a los juzgados y tribunales, servicios del Ministerio Público, el programa de atención de víctimas y testigos, además de la Defensa Pública (que brinda asistencia en temas como pensiones alimentarias y discriminación laboral a personas de bajos recursos).

La fiscala subrogante Karen Valverde, por su parte, insistió en que la medida no solo afecta la labor del Ministerio Público por implicar una reducción de ₡558 millones, sino que también impide el cumplimiento de las obligaciones en la tutela judicial efectiva, de la ley y del servicio público.

"Hemos sido informados recientemente de un nuevo recorte presupuestario para la Defensa Pública, en este caso, en ₡1.087 millones. Este faltante de este dinero nos va a afectar desde un punto de vista operativo, pero más que operativo, a quienes afecta finalmente es a los usuarios de la Defensa Pública, en materia de pensiones alimentarias, en materia laboral, en materia agraria. Y la sensibilidad de que estas personas puedan eventualmente ver vulnerados sus derechos a partir de no contar con una persona defensora pública es un riesgo muy importante", indicó el director de ese órgano, Juan Carlos Pérez.

Otros recortes incluyen los servicios de administración y operación (₡8.729 millones), judicatura (₡3.288 millones), la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos (₡336 millones), así como el Fondo de Jubilaciones y Pensiones (₡188 millones).

Según el Poder Judicial, el rebajo contempla reducir recursos de partidas que forman parte del presupuesto aprobado y que están vinculadas con la operación institucional para lo que resta de 2026.

Hacienda plantea el recorte a partir de una estimación estadística elaborada con información disponible al 30 de junio de 2026 y con base en patrones históricos de ejecución presupuestaria. Esta metodología permite proyectar cuánto podría ejecutarse al cierre del año; sin embargo, la Corte señaló que no determina cuánto dinero está efectivamente disponible para ser recortado.

Lo anterior en el tanto que, desde el 30 de junio, la institución ha continuado con procesos de contratación, adjudicaciones, adquisición de bienes y servicios, así como con otros compromisos y pagos correspondientes al segundo semestre.

A ello, el Poder Judicial agregó que un estudio técnico suyo determinó que 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por la cartera presentan un disponible inferior al monto que se pretende rebajar. La Corte explicó que, al revisar las partidas de manera individual, en esos casos, los recursos que se consideran susceptibles de recorte no se encuentran realmente disponibles en la magnitud proyectada.

"No obstante, aplicando esa rebaja a los saldos presupuestarios actuales, se determina que técnicamente esa rebaja, que es nueva, que es adicional, no es viable. De las subpartidas que debemos rebajar, a la fecha, cerca del 65% de ellas no tienen saldo presupuestario suficiente para asumir el rebajo.

"Únicamente es posible aplicar el rebajo en unas cuantas subpartidas presupuestarias y, sin embargo, ese rebajo, esa disminución, tendrá una afectación para el quehacer del Poder Judicial porque se aplicaría en subpartidas operativas cuyos saldos requerimos para terminar el periodo presupuestario", directora ejecutiva de la institución, Ana Eugenia Romero.

De ahí que el Poder Judicial ahora evalúe acciones legales contra lo anunciado por Chaves.

Asimismo, está previsto que el tema se conozca con prioridad en la sesión de Corte Plena del lunes próximo.

Lea también