La Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa recomendó este miércoles la no reelección del magistrado Jorge Araya en la Sala Constitucional.
Con los votos de los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, Yara Jiménez, Gerald Bogantes y Antonio Barzuna, el foro acordó sugerir al Plenario que el alto juez no continúe en su cargo, como él lo pretende.
Ahora, será el máximo órgano del Congreso el que deberá pronunciarse definitivamente sobre si Araya es o no reelegido. Sin embargo, de mantenerse la dinámica recientemente vivida con el caso de la magistrada Julia Varela, de la Sala Segunda, la agrupación en el poder no alcanzará los 38 votos para frenar la reelección.
"Me siento muy orgullosa de poder ser parte, aunque no tengamos los 38 votos... Creo que aquí lo más importante no es lograr la no reelección, sino evidenciar lo que se ha hecho a lo largo de tantísimos años en perjuicio de la población costarricense. Eso va a ir quedando cada día más claro. Aquí no estamos en una lucha de poderes, estamos en una lucha de partidos políticos. Esa es nuestra realidad", expuso Esquivel.
Contra Araya, el oficialismo mantiene una crítica por su participación en política décadas atrás, con alguna aparición en las estructuras del Partido Liberación Nacional (PLN) y el ejercicio de puestos durante la administración del expresidente de esa agrupación, José María Figueres (1994-1998).
Barzuna usó esos antecedentes para alegar que el alto juez "tiene una vena política muy marcada", al tiempo que recordó que, en campaña, Pueblo Soberano salió a pedir el voto con la promesa de que, de la mano de la ahora mandataria Laura Fernández y una mayoría en el Parlamento, se impulsaría una "renovación" del Poder Judicial.
"No reelegir a un magistrado y, más bien, renovar con nuevas personas, no significa debilitar las instituciones ni hacer algún tipo de golpe de Estado, como maliciosamente se ha insinuado. Costa Rica necesita instituciones fuertes, pero las instituciones fuertes no dependen de que las mismas personas permanezcan indefinidamente en sus puestos", complementó Bogantes.
Del lado opuesto se posicionaron —tal cual ocurrió cuando se discutió la continuidad de Varela— los congresistas de Liberación Nacional, Janice Sandí y Salvador Padilla, así como el del Partido Frente Amplio (PFA), Antonio Trejos.
Padilla fue enfático en que el deber de la comisión es hacer una valoración del trabajo de Araya, no de su afiliación partidaria. Si bien reconoció que la Sala Constitucional es el órgano más político de la Corte Suprema de Justicia, lo hace en un sentido de la realidad de los ciudadanos, no con un objetivo electoral. Además, a ese alto tribunal le corresponde el control del poder, la defensa del sistema democrático, así como el resguardo de las garantías fundamentales.
"No es un pecado tener posiciones en Costa Rica ni está penado por ley, porque en el momento que eso suceda, ya eso es una dictadura descarada y eso no debe ser. El histórico de una política es de su decisión y abolición, y no tiene absolutamente nada que ver con cómo una persona desempeña un puesto o no", manifestó bajo la misma línea Sandí.
Desde la oposición hay un rechazo casi unánime al argumento de la urgencia de una renovación de las magistraturas, pues el 60% de estas están en su primer periodo.
Ese también es el caso de Araya, que antes de ser nombrado por el Congreso el 1.° de noviembre de 2018, había fungido como suplente de la misma Sala.
"Hago una acotación. Yo no coincido con todas las resoluciones. Es más, creo que ni con la mayoría de las resoluciones de don Jorge y sus posiciones no son las mías. Pero tampoco necesito hacerlo. No necesito estar de acuerdo con lo que él resuelve para reconocer los méritos del trabajo de don Jorge. El parámetro para una reelección no puede ser la coincidencia de criterios políticos ni la complacencia con el Gobierno. Eso es lo que me parece más importante. Con los elementos que pudimos examinar, mi valoración de don Jorge es que hay que reelegirlo", apuntó por su lado Trejos.
Los tres diputados que votaron a favor de la reelección destacaron el desempeño de Araya como juez, así como su formación especializada en materia constitucional.
De igual forma, subrayaron que el magistrado no tiene ninguna "mancha de corrupción", al tiempo que subrayaron que el único proceso que tiene abierto responde a una denuncia formulada desde el propio Gobierno de la República.
“Hay una diferencia entre la persona privada de libertad, que es lo que permite la Constitución Política de nuestro país, y que sea un prisionero al que haya que castigarlo con horas de hambre o con trabajos forzosos”, aseveró Rebeka Arce.