POR Eric Corrales | 4 de octubre de 2026, 12:48 PM

Ni Freddy González, secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), ni Mayuli Ortega, presidenta de la agrupación, explican por qué Huobin Tang Zhang, conocido también como Juan Carlos, estuvo presente en la celebración de la victoria electoral de Laura Fernández, realizada en febrero pasado.

El empresario fue detenido el viernes y es señalado por las autoridades como sospechoso de mantener vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico y de participar en operaciones de legitimación de capitales.

Ortega envió un audio a este medio refiriéndose solo a la fotografía donde sale el detenido junto a Pilar Cisneros en la actividad.

En el audio, la presidenta del partido explicó que "la dinámica de las personas en una campaña electoral es acercarse a los que son candidatos o a quienes son representantes de la política a nivel nacional a tomarse fotografías. Eso es normal, es imposible de detener”.

Pero no aclaró ni dio detalles de quién lo invitó o cómo fue que el sujeto tuvo acceso para estar dentro del mismo recinto donde estaba Laura Fernández.

Por su parte, Freddy González, secretario del partido, dijo a este medio mediante una llamada telefónica que no iba a dar declaraciones hasta el lunes, ya que hoy estaba de vacaciones.

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Party officials Freddy González and Mayuli Ortega have offered explanations, but doubts linger. Ortega stated that controlling photos at a large event with thousands of attendees is virtually impossible, emphasizing the dynamic of people seeking pictures with political figures.

Despite these statements, crucial questions remain unanswered. Was there a connection to the campaign? Who organized the event and extended the invitation? Did Tang Shang financially support the campaign directly or indirectly?

These unanswered questions demand clarification not only from the Pueblo Soberano party and the government but also from campaign chief Francisco Gamboa and President Fernández herself. The Supreme Electoral Tribunal is urged to conduct a thorough investigation into campaign financing to ensure transparency and prevent illicit funds from entering electoral processes.

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