El Ministerio de Justicia clasificó como confidencial el proyecto para la construcción de una nueva cárcel en el país.
Así lo dio a conocer a los diputados la ministra a. i. de esa cartera, Carolina Castro, en respuesta a la solicitud de audiencia que la Comisión de Asuntos Hacendarios le planteó al ministro Gerald Campos.
“Se confirma la participación del señor ministro en dicha audiencia (…) No obstante, se comunica respetuosamente que, durante dicha audiencia por parte de este Ministerio, no se abordarán la totalidad de detalles específicos relacionados con el proyecto denominado ‘Construcción del Centro de Alta Contención’.
“(…) El referido proyecto ha sido formalmente clasificado como confidencial, en virtud de acuerdo adoptado por Mideplan y en aplicación de las Normas Técnicas de Inversión Pública. Dicha clasificación obedece a criterios técnicos y jurídicos relacionados con la protección de infraestructura crítica del Estado, la seguridad institucional y ciudadana, la prevención del delito y la salvaguarda de los procesos de contratación pública”, expresó Castro.
Por eso, la ministra en ejercicio solicitó al órgano que la audiencia de Campos, prevista para este miércoles en horas de la tarde, se declare privada, de manera que no se transmita al público ni tampoco sea grabada para así permitir “un diálogo técnico reservado, en resguardo de la seguridad institucional y conforme a las disposiciones vigentes en materia de confidencialidad”.
La audiencia de Campos ante la comisión pretende discutir el segundo presupuesto extraordinario presentado por el Ministerio de Hacienda al Congreso, el cual tiene una partida prevista para la construcción de ese centro penitenciario, del cual solo se conoce su costo máximo ($35 millones) y un plazo de 195 días para su construcción.
En un oficio enviado por Justicia a la ministra de Planificación, Marta Esquivel, se pidió declarar la confidencialidad de ese proyecto por diferentes aspectos, incluida la seguridad institucional y ciudadana, la protección de infraestructura crítica del Estado y la prevención de acciones delictivas organizadas por la naturaleza del proyecto.
Paulina Ramírez, diputada del PLN y presidenta de Hacendarios, cuestionó esa declaratoria y también la solicitud de privacidad en una audiencia que ella defiende debería ser pública, en virtud del empleo de recursos del Estado.
Para Ramírez, es entendible que se guarde confidencialidad en términos operativos, no así en aquellos de carácter financiero.
La audiencia está prevista para este miércoles a eso de la 1:15 p. m.