A 102 días de iniciada la administración de Laura Fernández, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) finalmente pudo sesionar de forma ordinaria, con el nombramiento de sus nueve miembros.
No obstante, la conformación del máximo órgano de la institución más importante del país no escapa de cuestionamientos, pues incluye una designación pro tempore (es decir, temporal) del representante del sector sindical.
Se trata de Róger Rivera, quien ya había fungido como directivo al final del periodo constitucional anterior. Junto a él fue nombrada Sandra Chen como la tercera y última representante del sector patronal.
Así las cosas, la Junta Directiva completó sus nueve miembros y pudo sesionar la tarde del martes de forma ordinaria.
Sin embargo, ante los ojos de la exdiputada Rocío Alfaro —a quien el Consejo de Gobierno rechazó como representante de las organizaciones de trabajadores en una decisión que fue luego anulada por la Sala Constitucional—, el nombramiento de Rivera se sustenta en una figura que no existe.
El director jurídico de la Caja, Gilberth Díaz, discrepa de esa posición y, por el contrario, sostuvo previo a la citada sesión que el actuar del Poder Ejecutivo respondió al interés público de que la cúpula vuelva a operar, en el tanto que a esta le corresponde el conocimiento de temas de gran relevancia para los asegurados en materia de salud, pensiones y otros.
"Es una facultad para el Consejo de Gobierno tomar la medida de nombrar a una persona interinamente o pro tempore en aras de solventar; puede entenderse como una medida cautelar temporal, la necesidad de llenar ese noveno integrante de la Junta Directiva y conformar el órgano legal o integral colegiado como corresponde.
"No inhibe eso cualquier acción jurídica, ya sea de carácter administrativo o judicial, que cualquier parte interesada pudiera promover en función de los intereses que estime pertinentes. Simplemente estoy describiendo lo acontecido: es un enfoque del Consejo que no puede paralizarse la Junta Directiva por un tema de interés institucional, pero también de interés público, y hace una designación pro tempore en este caso del señor Róger, representante del sector sindical", explicó el abogado de profesión
Para el director jurídico, por consiguiente, el órgano en cuestión "puede sesionar válidamente" con ese integrante pro tempore que eligió el Poder Ejecutivo. Alfaro añadió que la institución es, además, "receptora pasiva" de una decisión del Consejo de Gobierno.
Durante la sesión, el representante patronal Eduardo Rodríguez también hizo preguntas en relación con el voto 2026-031380 emitido el jueves pasado por la Sala Constitucional en relación con el rechazo de la exlegisladora del Partido Frente Amplio (PFA) como representante del sector sindical.
"Por lo menos yo lo que sé de ese voto es lo que sé de las redes sociales. Es más, si estamos hablando del mismo, porque ni siquiera lo podemos identificar aquí. Yo no sé cuál voto, qué número, con relación a qué caso, en qué proceso, y perdón, no quiero ser peyorativo, pero lo que quiero decir es que los rumores no nos pueden bastar para tomar una decisión. Menos para encausar la función de un órgano de tanto nivel como es la Junta Directiva de la Caja", subrayó el director jurídico.
En ese sentido, el jurista hizo ver que la institución no forma parte de ningún proceso cursado por el Alto Tribunal en relación con los integrantes de la Junta Directiva.
Agregó que la actividad judicial necesariamente es formal y reglada, por lo que debe mediar una notificación por parte de los magistrados al Consejo de Gobierno y, posteriormente, este debe hacer las comunicaciones correspondientes a la Caja, si es que caben.