POR Mariela Montero Salazar | 30 de septiembre de 2021, 10:04 AM

Con pocos avances: así arracó este jueves el trabajo de la comisión legislativa encargada de subsanar los vicios de constitucionalidad señalados por los magistrados de la Sala IV al proyecto Ley Marco de Empleo Público, expediente 21.336.

Durante la primera sesión, los diputados rechazaron tres mociones presentadas por el legislador Pedro Muñoz, para llamar a audiencia al magistrado Fernando Castillo, a la Contralora de la República, Martha Acosta, y al director del Servicio Civil, Luis Antonio Bolaños.

Muñoz arremetió contra la decisión y señaló que no escuchar los criterios técnicos de estas dependencias implicaría “seguir con la cabeza metida en la arena” y no aseguraría la aplicación de las enmiendas constitucionales más adecuadas para el proyecto.

El diputado también recalcó que el texto actual pasará una alta factura al país.

"Sostengo que este proyecto de ley le saldrá carísimo a todos los costarricenses y vamos  a hacer más caro este país; vamos a aumentar el gasto público y el déficit fiscal. Por eso es indispensable escuchar a quienes tienen directa incidencia en la constitucionalidad de este proyecto de ley" 

Durante la sesión, servicios técnicos aclaró que esta comisión solo puede reformar los artículos relacionados con los vicios de constitucionalidad emitidos en el fallo de la Sala IV.

Sobre el proceso 

El fallo de la Sala IV  señaló 35 inconstitucionalidades, entre las cuales se  apunta la violación a la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y las autonomías de las universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y las municipalidades.

La Comisión de Consultas de Constitucionalidad del Congreso tiene 15 días hábiles, desde este 30 de septiembre, para decidir el rumbo del proyecto y, terminado ese plazo, tendrá ocho días adicionales para presentar un informe al Plenario, donde deberá ser votado en segundo debate.

En caso de ser aprobado en segundo debate, firmado por el presidente Carlos Alvarado y publicado en el diario oficial La Gaceta, sería el primer proyecto de la agenda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en aprobarse.

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