Aunque la discusión de la apertura del mercado eléctrico y la modernización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) divide hoy al país, lo cierto es que este tema está lejos de ser una novedad.
Desde hace décadas, diferentes gobiernos han intentado, sin éxito, llevar adelante reformas como la que hoy impulsa la administración de Laura Fernández.
En su primera administración, Óscar Arias promovió la ley que abrió el mercado de generación eléctrica en Costa Rica, permitiendo que generadores regionales privados pudieran desarrollar y gestionar proyectos con un máximo de 20 megavatios para abastecer comunidades a las que el ICE no podía alcanzar.
Esa apertura tenía condiciones restrictivas, como que las empresas solo podían vender su electricidad al propio instituto, algo que finalmente cambió en 1995 cuando se permitieron las licitaciones abiertas durante el gobierno de José María Figueres Olsen.
En el 2000, la administración de Miguel Ángel Rodríguez enfrentó las masivas protestas contra el combo del ICE, llamado así porque recogía tres proyectos: la modernización de la institución, la apertura del mercado de telecomunicaciones y también la del mercado eléctrico.
La propuesta se votó en primer debate, pero tras semanas de lucha en las calles, se archivó luego de que la Sala IV la declarara inconstitucional.
Años después, en 2010, Óscar Arias volvió a poner sobre la mesa esa discusión con la llamada Ley General de Electricidad, que buscaba romper el monopolio del ICE y abrir el mercado eléctrico nacional a la competencia pública y privada, permitiendo que cualquier empresa produjera y vendiera energía directamente a grandes consumidores o al Mercado Eléctrico Regional.
Esa iniciativa, que es muy similar a la que hoy defiende la propuesta de armonización eléctrica, tampoco se pudo aprobar.
Los gobiernos de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado no entraron en esta discusión, mientras que el de Rodrigo Chaves se estrelló contra un Congreso de mayoría opositora.
Ahora, el proyecto se enfrenta a un obstáculo que pareciera insalvable: la necesidad de conseguir 38 votos en una Asamblea dominada por el oficialismo, pero con un férreo bloque opositor que se niega a ceder apoyos para esta iniciativa.